Después de que tuvieran que ser aplazadas las elecciones en el País Vasco y Galicia, que debían celebrarse el pasado 5 de abril, por la pandemia y el estado de alarma decretado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han decidido convocar a los electores en sus respectivas comunidades autónomas el próximo 12 de julio, unos pocos meses antes de la legislatura que cumple los cuatro años el 25 de septiembre. Urkullu y Feijóo han compartido estrategia: lo más rápidamente posible antes que la crisis económica y social que ya tenemos encima acabe arrasando expectativas y devorando gobiernos. La continuidad de Urkullu en la lehendakaritza, la sede del ejecutivo vasco en Vitoria, está fuera de discusión alguna y, en todo caso, la única duda recae sobre si gobernará solo, repetirá alianza con los socialistas -probable- o girará a un acuerdo con Bildu -improbable-.

Mucho más complicada es la posición de Feijóo para continuar en el Palacio de Rajoy (nada que ver con el expresidente) que alcanzó en 2009. Sus resutados se mueven siempre en el alambre de la mayoria absoluta y habrá que ver qué sucede con Vox y Ciudadanos ya que el titular de la Xunta necesita recoger todo el voto del centro y la derecha si no quiere ver peligrar su presidencia.

Pese a las presiones que se han vivido en Catalunya no va a haber una convocatoria electoral inmediata. Solo el Tribunal Supremo y la inhabilitación del president Torra puede alterar este calendario y situar los comicios en el último trimestre del año. Para ello se tendría que producir, como algunos piensan -o desean- la inhabilitación antes de las vacaciones. El Supremo, al parecer, emite mensajes diferentes y, así, una semana se asegura que va a ir deprisa y la siguiente que se lo va a tomar con calma. Como que solo lo sabe Manuel Marchena, el presidente del Tribunal, y tampoco es seguro que siempre maneje el mismo calendario, habrá que esperar.

Es por esta razón que Torra no quiere ni oír hablar de elecciones después de la precipitación que cometió dando por acabada una legislatura que ahora trata de recoser como puede y con la pandemia y la crisis económica como telón de fondo. Al president de la Generalitat le sacará el Supremo del cargo o iremos muy al final de la legislatura, que acaba en diciembre de 2021. Y no hay un plan B en Junts per Catalunya porque consideran que el plan A es el mejor. Así de sencillo.