El archivo por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona de la causa del juez Joaquín Aguirre, que establecía unos irreales vínculos del independentismo catalán con Rusia y con el régimen de Vladímir Putin, supone el final de toda una locura judicial. Con la excusa de la persecución al independentismo catalán, se perpetró en esta macrocausa, y son palabras de la Audiencia, un fraude de ley que, de no ser desactivado por una instancia superior, habría tenido serias consecuencias penales ya que había acusaciones de traición contra Carles Puigdemont y Artur Mas y muchos otros hilos de los que tirar y en los que el juez ha tratado de involucrar a tantos independentistas como ha podido.

La conocida mediáticamente como trama rusa era, en palabras de Aguirre, la conexión de Putin con el procés. Aseguró incluso en una entrevista que había habido una influencia de Rusia sobre el proceso de independencia de Catalunya, apoyándolo con la finalidad de que Moscú desestabilizara primero la democracia española para después abrirle la puerta a infiltrarse en todas las democracias liberales de Europa occidental.

El discurso de Aguirre se hizo creíble, en primer lugar, a través de la Fiscalía, que dio carta de autenticidad al justificar lo que no era más que una invención periodística, en la que tan pronto aparecía que Putin ofreció 10.000 soldados rusos a Puigdemont para hacer de Catalunya un país como Suiza como que Rusia estaba dispuesta a pagar toda la deuda catalana si era independiente. No había límite en la imaginación de los escritos del juez Aguirre ni en las necesarias terminales mediáticas sin las cuales no hubiera habido el idóneo clima informativo para crear artificialmente una causa que ha estado muchos años en los medios y que ahora queda definitivamente archivada. Los perseguidos pueden ya respirar tranquilos, aunque por en medio han sufrido la llamada pena de telediario, tan en boga años atrás, cuando en las detenciones primero acudían las cámaras de televisión y los medios amigos y después, cuando todos estaban allí, llegaba la policía. No tendrán recompensa alguna al daño infligido, ni tampoco recuperarán el dinero que hayan tenido que gastar para sus defensas. De su aislamiento reputacional, de la censura social, hace tiempo que se recuperaron, pero las secuelas nunca se extinguen totalmente.

No había límite en los escritos del juez Aguirre ni en las necesarias terminales mediáticas para crear artificialmente una causa ahora archivada

Y después están los medios de comunicación y los adversarios políticos. ¡Ay, los adversarios políticos! Ya se sabe que todo el mundo saca provecho de donde puede y primero se tira la piedra y después se esconde la mano. Más de uno debería estar pasando vergüenza por comprar información podrida y dar pábulo a fake news. Produce un cierto sofoco ver con qué alegría se habla ahora de lawfare o de bulos en el caso de corrupción del PSOE y de la familia de Pedro Sánchez, cuando todo era silencio y acusaciones —cuando el río suena, agua lleva, decían— en esta pulcra izquierda, que tan agazapada estaba cuando la persecución de los independentistas era tan salvaje. ¿Y los medios de comunicación? ¿Y la televisión, la radio y los periódicos que, en procesión, hablaban de un ultraje nacional? Y no eran solo de Madrid, en Barcelona también se podía leer, con un sesgo de salvadores de la patria, a profesionales que creían a pies juntillas una historia tan inverosímil.

El juez Aguirre dice que se jubilará en enero y lo hará sin honores después del rapapolvo sufrido. Un día se vanaglorió en unos audios de que la ley de anistía se había tumbado por él y que al Gobierno le quedaban dos telediarios alemanes. Hubiera sido causa suficiente para abrirle un expediente, pero ya se sabe lo que dice el refrán:  "perro no come perro", es decir,  que quienes pertenecen a un gremio o a un grupo social tienden a evitar dañarse entre ellos. Nadie mejor que los jueces, que disponen de toda la autoridad y la fuerza para proceder a su libre albedrío y, muchas veces, sin que nadie les pare los pies. En ocasiones, algunos actúan como una casta que tiene el mayor de los privilegios al que puede acceder un ser humano, que no es otra cosa que poder disponer de la libertad de un ciudadano. Por lo tanto, en unas semanas, Aguirre seguirá el camino del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En sus casas tranquilamente y explicando historietas, que de eso saben mucho.