Las acusaciones del excomisario José Manuel Villarejo ante la Audiencia Nacional culpando directamente al CNI y a su director en 2017, Félix Sanz Roldán, que anteriormente había sido jefe de Estado Mayor de la Defensa, de los atentados yihadistas de la Rambla y de Cambrils en que murieron 16 personas y otras 140 resultaron heridas ,son de una enorme gravedad. Sus palabras de denuncia resonaron con una fuerza enorme este martes, en parte porque el estado español siempre ha querido correr un tupido velo y evitar llegar al fondo de la verdad. Dejando suficientes cabos sueltos para dudar de la versión oficial: prohibición de comisiones de investigación en el Congreso, prohibición de que Villarejo declarara en el juicio que se realizó, pánico a una explicación creíble sobre el verdadero papel del imán Abdelbaki es Satty, oficialmente muerto en la explosión del chalet de Alcanar en la víspera de los atentados. Y, así, numerosos hilos de los que poder tirar.

Por eso, cuando Villarejo dijo esto en la Audiencia Nacional la caja de Pandora se abrió, veremos si definitivamente. "Yo he seguido trabajando con el CNI [ha declarado el excomisario] hasta el último día. Estuve hablando con ellos para arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde, al final, fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya". Una persona tan prudente como el exconseller de Interior Quim Forn, que era el responsable de la cartera en aquellas fechas, aguardó solo minutos para decir en voz alta lo que es ya un clamor generalizado, además de una exigencia democrática: "Tenemos derecho a saber la verdad. Y pedir explicaciones a la Fiscalía. ¿Qué piensa hacer la Fiscalía? ¿Silbar como ha hecho el Congreso de los Diputados?"

Evidentemente, no fue un pequeño susto lo que sucedió el 17 de agosto de 2017. Fue una masacre de proporciones colosales que dejó en el aire muchas preguntas, demasiadas sospechas y una gran preocupación. ¿Por qué tanto interés del Estado español por dar carpetazo de manera tan oscura a un tema que si alguna cosa requería era luz y taquígrafos? Aquellas palabras del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo avanzando unas semanas antes que a partir de la segunda quincena de agosto [de 2017] pasarían cosas, ¿tienen que ver con lo que acabó pasando? O estas otras: "Un ataque terrorista se supera, la disolución de España es irreversible", cobran ahora una nueva y preocupante vida.

No deja de ser llamativo ―y, lamentablemente, esperable― como muchos medios están pasando de puntillas estas primeras horas sobre un tema que, duele decirlo así, con esta crudeza, situaría a España ante un crimen de estado. El nulo eco en las televisiones, la cobertura en las ediciones digitales de los diarios de papel de Madrid y Barcelona, el silencio de los partidos del régimen del 78, que en este aspecto van tan cogiditos de la mano, desde Vox hasta el PSOE. Veremos qué nos dejan las portadas en el quiosco; y también veremos si toda la artillería de los partidos independentistas catalanes empieza y acaba en el mundo de Twitter y de petición de comparecencias parlamentarias o hay algo con más sustancia y acorde a la gravedad de las acusaciones.

Porque a Villarejo se le podrá creer o no. Pero lo que rotundamente no vale es creerle, como muchos han hecho hasta la fecha cuando tenían beneficio a obtener y ahí están las hemerotecas con declaraciones de muchísimos gobernantes y políticos españoles y, por el contrario, porque ahora incomoda, practicarle luz de gas. Porque vuelve la imagen terrible de los GAL a una España trágica, corrupta, perdida, y en blanco y negro.