El Ministerio del Interior acaba de anunciar que los miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que desplegó en Catalunya a finales del verano con el objetivo de impedir el referéndum del pasado 1 de octubre, dar cobertura a la entrada en vigor del artículo 155 y, finalmente, asegurar el proceso electoral del 21-D volverán antes del sábado a sus destacamentos y a sus poblaciones de origen. La Operación Copérnico, como ha sido denominada por el Gobierno, se inició a finales de septiembre con aquellas terribles imágenes de guardias civiles aclamados en diferentes ciudades de España, desde Huelva a Córdoba, Toledo o Santander, al grito de "¡a por ellos!", y finaliza con una nueva mayoría independentista en el Parlament de Catalunya.

Aunque las cifras oficiales de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han estado casi un centenar de días en Catalunya no se han dado a conocer y tampoco el coste del operativo policial, es bastante evidente que aquellos que sostuvieron desde el primer día que se trataba tan solo de una operación política tenían toda la razón. La policía catalana, como policía integral que es, se bastaba de sobras para las labores de seguridad que tiene asignadas. De hecho, lo que más se recordará de este insólito despliegue será su intervención para impedir el referéndum del 1 de octubre, que acabó con más de un millar de personas que necesitaron asistencia médica y con una denuncia generalizada de los medios de comunicación de todo el mundo, así como de diferentes dirigentes europeos, por la violencia policial de aquella jornada.

La mala planificación policial del 1-O por parte de la Delegación del Gobierno hizo prácticamente inoperativos a los miles de agentes extras, que en algún momento se aseguró que podían llegar a ser 20.000 hombres y mujeres. La estancia de muchos de ellos en tres barcos en el puerto -uno de los cuales, el famoso "Piolín", por el dibujo que tenía en su exterior- o los incidentes en diversos pueblos de Catalunya, donde se levantaron protestas vecinales por la presencia de los agentes, son prácticamente los únicos efectos, al margen de la brutalidad del 1-O, de un operativo policial cuyo coste se ha calculado por encima de los 80 millones de euros.

Sea esta o no la cantidad y fuera o no el objetivo intimidar a los independentistas, los catalanes no se dejaron amedrentar en las urnas el pasado día 21. La participación récord de casi el 82% del censo y los 70 escaños logrados por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP son una auténtica carta de presentación para una legislatura que no se prevé cómoda ni fácil. En todo caso, larga.