El terrible espectáculo que están protagonizando Podemos y el PSOE con los presos políticos, el indulto, la libertad para que salgan antes de las próximas elecciones catalanas y la reforma del delito de sedición pone de manifiesto lo inhumana que es la política e incluso la utilización que se puede llegar a hacer de la injusta sentencia del Tribunal Supremo. Más de tres años unos y muy próximos a cumplirlos otros, llevan los miembros del Govern encarcelados, los dos Jordis y la presidenta Forcadell, en las diferentes prisiones por las que han pasado. Pero el tiempo no parece transcurrir, está como detenido, incluso con pasos hacia atrás. Un ejemplo claro es como el Supremo ha cogido la competencia de los jueces de Vigilancia Penitenciaria para revocar situaciones de semilibertad a la que tenían derecho y se les habían concedido. Veremos qué sale de este debate, el resultado del cual debería anunciar el tribunal en unas horas, aunque se da por supuesto que lo que se producirá será un régimen más estricto y la pérdida de opciones de semilibertad con el tercer grado.
Este debate judicial se añade a otros dos, políticos: la exigencia de puesta en libertad antes de las elecciones del 14-F que reclama desde uno de los partidos de gobierno el diputado Jaume Asens para que los comicios catalanes se puedan celebrar con una cierta sensación de normalidad con su salida de la prisión vía indulto, por ejemplo. Hay un compromiso no escrito de que será así y que podrán hacer campaña electoral normal pero no está tan claro cómo se podrá materializar con un gobierno tan acostumbrado a decir lo mismo y lo contrario en cuestión de horas.
Así, el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. que había garantizado la reforma del Código Penal para modificar el trasnochado delito de sedición ha puesto esta iniciativa en barbecho a la espera de una luz verde de Moncloa que ahora parece no tener. No hay una eliminación del delito, que es lo que tocaría ya que no tiene consistencia alguna en el derecho comparado europeo, y lo que sí hay es un mientrastanto. Como ya le sucedió con los presupuestos, en los que Sánchez tuvo que escoger aliados entre ERC y Bildu o con Ciudadanos, ahora deberá también elegir entre la reforma del Código Penal o del Consejo General del Poder Judicial. Para lo segundo es necesario el PP y para lo primero no. Aunque una cosa bien puede condicionar la otra.
Y, en medio de todo ello, están los presos políticos y la política catalana con una necesidad grande de una imposible amnistía. Todo lo que se salga de la amnistía acabará siendo un apaño inconsistente para intentar pasar página en balde y acabará teniendo el mismo desgaste para la izquierda española que el indulto, aunque las diferencias entre una y otra cosa son más que notables. Porque la única certeza es que más de tres años después de octubre del 2017, España no ha asumido ningún error, ha reforzado el discurso identitario, ha ahogado la política llevándola al extremo de inhabilitar a otro president de la Generalitat en activo por colgar una pancarta... y el colmo será que utilice impúdicamente a los presos.
En este Madrid que vive desacomplejadamente cómo le habla de tu a tu al gobierno de Pedro Sánchez, que ha reculado ante su soledad capitalina para imponerse mediáticamente a la presidenta Díaz Ayuso, la lucha contra la pandemia sí parece entender de territorios. Madrid es un festival de restaurantes repletos, que pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche, y las calles, al menos las del centro, tienen una ocupación más que notable de gente y de vehículos. Y por si alguien se había olvidado de que Madrid es España, los efectos especiales de esta Navidad son interminables banderas españolas de cientos de metros conformadas por bombillas que iluminan la ciudad y que ocupan grandes extensiones de la Castellana, de calles, plazas y edificios emblemáticos de vías adyacentes. Y mientras eso pasa, los focos iluminan a Ayuso y Pablo Casado se desespera.