Si Marta Rovira abrió las puertas a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, el retorno de Oriol Junqueras a la presidencia de Esquerra ha empezado a levantar alguna alambrada en las relaciones entre republicanos y socialistas. El primer Consell Nacional de la segunda etapa de Junqueras al frente del partido confirmó que la estrategia ha virado y que los acuerdos tanto con el PSOE en Madrid como con el PSC en Catalunya han aumentado el precio político a pagar tanto por Pedro Sánchez como por Salvador Illa. Junqueras ha sacado la calculadora electoral y ha llegado a una conclusión: demasiada inestabilidad política para quedar atrapado en una convocatoria electoral en la que Esquerra pagaría un peaje alto por su mala gestión de los últimos tiempos y sobre todo del último ciclo electoral: municipal (mayo 2023), españolas (julio 2023) y catalanas (mayo de 2024).

De las tres citas con las urnas, Equerra salió trasquilada y de manera muy especial de las nacionales, en las que su derrota fue apabullante, perdiendo la Generalitat de manera dolorosa, cayendo 13 escaños —de 33 parlamentarios a 20—, y pasando a ocupar la tercera posición, por detrás del PSC (42) y Junts (35). Esa última debacle es la que propició la explosión de los republicanos en una guerra interna que aún se está lejos de recoser y dar por superada la etapa definitivamente. Aunque la solución a las principales reivindicaciones de Junqueras está en manos de Pedro Sánchez, el principal damnificado va a ser Salvador Illa, que también este sábado, en el Consell Nacional del PSC, se volvía a comprometer en el cumplimiento de los acuerdos que facilitaron su investidura.

El primer Consell Nacional confirmó que la estrategia ha virado y que los acuerdos con PSOE y PSC han aumentado el precio político a pagar tanto por Pedro Sánchez como por Salvador Illa

El problema es, en todo caso, que debe ser la Moncloa quien cumpla y, además, lo haga en un momento en que la agenda política socialista tiene otras prioridades y entre ellas no está abrir nuevos conflictos con los barones territoriales socialistas. Muchos de ellos, por cierto, desembarcados desde el Consejo de Ministros con el doble objetivo de reflotar con personas de confianza de Sánchez la devastada organización territorial y también aislar a los críticos y a los díscolos, desplazarlos de los centros de poder. El último ejemplo es el de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desembarcada en la secretaría general del PSOE de Andalucía. Si la cuadratura del círculo, la soberanía fiscal de Catalunya, ya es casi imposible con el Gobierno, con una candidata socialista mandando en Andalucía es poco menos que una entelequia.

Lo sabe Junts, que ha puesto pies en polvorosa, mantiene la legislatura bloqueada en España y ha presentado una iniciativa legislativa en el Congreso para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Y también lo empieza a vislumbrar Esquerra, que acaba poniendo nuevos deberes a los socialistas y que, en el fondo, son también un movimiento que complican los presupuestos de Illa en Catalunya. El principal problema no es otro que cuando se revuelve la carpeta de incumplimientos siempre acaban saliendo cosas viejas, algunas de hace muchos años. Junqueras, incluso, se remonta al Estatut d'Autonomia de 2006 en casos como, por ejemplo, los incumplimientos del Título VI en la recaudación de impuestos; el traspaso de Rodalies, no el de ahora sino el de 2009, que aún tiene que cumplirse en su totalidad; o la omisión de renovar el sistema de financiación autonómica, vencido desde 2012.

Si a eso incorporamos las carpetas de investidura de Illa, empezando por la financiación singular, es posible que los plazos se alarguen tanto que si no hay una celeridad desconocida, el calendario se dé de bruces con el verano y empecemos a hablar de presupuestos para el año 2026. También es verdad que si antes eso era una gran anomalía, ahora cada vez es menos inusual.