Creo que a estas alturas quedarán muy pocos políticos y líderes de opinión que cuestionen que la justicia ha decidido formalmente atrincherarse en contra de un proyecto de amnistía. Lo ha dejado muy claro este lunes tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobando una declaración institucional contra la amnistía, sin sonrojarse cuando ningún proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso y tampoco forma parte de sus competencias. Esta decisión del CGPJ ha llegado horas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón diera a conocer un auto en el que situaba en la cúspide de Tsunami Democràtic al president Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Además, la causa queda abierta por delito de terrorismo y aparecen como imputados hasta una decena de personas.

Hace días que lo vengo diciendo: no va a haber manera de que la justicia acabe aceptando la ley de amnistía si esta no recoge el lawfare que pueda haber en el perímetro de la proposición de ley. Se podrán dar todas las vueltas que se quiera, enviar y devolver todos los documentos elaborados por una y otra parte, estudiar las máximas fórmulas imaginativas posibles para sortear las necesidades de los unos y los otros, pero sin el lawfare como una especie de paraguas que garantice a todos aquellos que han sido víctimas de una represión devastadora, la amnistía acabará más pronto o más tarde teniendo goteras. El juez García-Castellón ha quitado la venda de los ojos a más de uno este lunes con el auto sobre Tsunami que, además de la exageración de englobarlo en una acción terrorista, introduce sutilmente, como el que no quiere la cosa, la muerte de un ciudadano francés en la jornada de la ocupación del aeropuerto de El Prat.

No va a haber manera de que la justicia acabe aceptando la ley de amnistía si esta no recoge el 'lawfare' que pueda haber en el perímetro de la proposición de ley

Así ha pedido a la Guardia Civil que investigue si la muerte de un pasajero en el aeropuerto el 14 de octubre de 2019 se puede vincular a los investigados de Tsunami Democràtic. García-Castellón se refiere a un ciudadano francés de 65 años, del cual se informó que murió de un ataque de corazón después de caminar hasta tres kilómetros por la terminal 2 del aeropuerto a causa del bloqueo de las instalaciones por la ciudadanía. La cuestión no es ni mucho menos baladí, ya que si el informe de la Guardia Civil fuera afirmativo, la combinación de terrorismo y un delito de sangre acabaría quizás dejando fuera de la amnistía a Puigdemont, Rovira y quién sabe si al resto de acusados. El juez le ha sacado punta al lápiz, pero ya tiene en sus manos un artefacto con el que puede llegar a torpedear los esfuerzos políticos que se hayan hecho. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá, ya que no considera que haya un delito de terrorismo sino de desórdenes públicos y, en consecuencia, solicitará que la causa vuelva a un juzgado de Barcelona.

Como que a estas alturas no hay que ser ingenuos, hay que conceder al juez de la Audiencia Nacional una posibilidad real de que la causa se quede donde está y acabe estirando del hilo que ha empezado a enseñar. Desde que José María Aznar alentó a los ciudadanos a que "quien pueda hacer que haga, quien pueda contribuir que contribuya", han empezado a suceder acciones que tienen poco de casuales y que no tienen otro objetivo que crear un determinado estado de opinión en el que los pronunciamientos contra la amnistía cada vez son más numerosos y abarcan desde personalidades de la Iglesia católica hasta la distribución en los cuarteles de una carta que pide un golpe de estado para "socorrer" a España.

Este estado de las cosas no va a ir a menos, ya que todo está perfectamente orquestado. Curiosamente, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ya comparten algo más: que el Estado quiere acabar con los dos.