Se mire por donde se mire, difícilmente puede decirse de otra manera: España tendrá en los próximos meses un juicio político, que se celebrará en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y sentará en el banquillo al expresident de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau. Suena fuerte pero es así: será un juicio político. Algo impropio de un país democrático. Y, a la hora de definirlo, vale la pena no utilizar subterfugios. Y lo será, fundamentalmente, y aquí está el talón de Aquiles de todo el procedimiento judicial visto desde la vertiente política, porque los nueve fiscales de sala del TSJC decidieron en noviembre del 2014 por unanimidad no presentar ninguna querella contra Mas por el proceso participativo del 9-N. ¿Estaban los nueve fiscales equivocados?

El tiempo transcurrido ni puede ni debe borrar lo que sucedió aquellos días finales del 2014 con un fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, fuertemente presionado por el Gobierno para rectificar la decisión de los fiscales catalanes, circunstancia que se produjo al poco tiempo. Hoy Torres-Dulce ya no está al frente de la Fiscalía General del Estado pero existe documentación suficiente sobre sus desavenencias con el Ejecutivo. Lo cierto es que la inusual acción penal contra los entonces máximos representantes del gobierno catalán ha ido avanzando y finalmente se abrirá procedimiento penal y Mas, Ortega y Rigau se sentarán en el banquillo de los acusados.

Que la noticia se conozca simultáneamente a la grabación de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) para desacreditar y crear pruebas falsas que afecten a los políticos independentistas no deja de ser un elemento más para la reflexión. También para entender cómo se configuran, en ocasiones, dossieres, informaciones y acusaciones. Sin olvidar el papel de encubridores de algunos medios de comunicación que, lejos de denunciar estas actividades, actúan como cordón umbilical imprescindible sin el que el círculo no podría quedar cerrado.

Desde el principio he sostenido que todo el proceso del 9-N era, sobre todo, un grave error político. Hoy sabemos algunas cosas más que no son tranquilizadoras para cualquiera que confíe en un Estado de derecho.