El estruendo parlamentario en el Congreso de los Diputados para la tramitación de la proposición de la ley de amnistía, su votación y su aprobación el pasado martes ha dejado en un segundo lugar la aprobación de tres comisiones, como son la conocida como Operación Catalunya, el espionaje ilegal llevado a cabo contra el independentismo con el programario Pegasus y la que tratará de aportar algo de luz sobre un episodio tan grave como los atentados yihadistas que tuvieron lugar en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. De las tres comisiones, la primera ya arrancó en la anterior legislatura, aunque las mayorías políticas filtraron convenientemente las comparecencias, y el adelanto electoral la acabó de sentenciar. Las otras dos, también las intentó impulsar el independentismo, pero la Mesa del Congreso las acabó rechazando.

Aunque las tres son importantes, sin duda, la Operación Catalunya va a ser la primera que va a abrir el terreno de juego de lo que fue una gran operación del gobierno del Partido Popular y de las cloacas del Estado para tratar de acabar con el independentismo, después de que se pusiera en marcha el procés, en el año 2012. Que se esté hablando tanto de lawfare estos días y que se revuelvan como gato panza arriba los diferentes estamentos jurídicos y judiciales, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los fiscales, no es casualidad, ya que en la Operación Catalunya se entremezclan procesos de investigación claramente ilegales con casos de lawfare, procedimientos judiciales con el objetivo de una persecución política.

Por eso, que puedan ser llamados altos magistrados a una de estas comisiones en el Congreso, les ha puesto en pie de guerra y el CGPJ está preparando un informe que exonere a los jueces de tener que comparecer cuando sean citados. Es más, sostienen que no debe ni tramitarse su solicitud de comparecencia. Su presidente, Vicente Guilarte, se ha adelantado a este momento señalando que podemos estar en las puertas de un choque brutal entre poderes del Estado. Es cierto que no hay precedentes de revisión parlamentaria de decisiones judiciales, pero vamos a ver qué posición adopta el gobierno de Pedro Sánchez, cómo gestiona sus apoyos parlamentarios, cómo cumple los compromisos adquiridos en su investidura y cómo puede hacer frente a las informaciones que ya se han publicado y las que, hipotéticamente, puedan publicarse de nuevo.

Que se esté hablando tanto de lawfare estos días y que se revuelvan como gato panza arriba los diferentes estamentos jurídicos y judiciales, no es casualidad

En estos momentos, ya sabemos que la Operación Catalunya tuvo ingredientes suficientes del estado profundo que puso por delante lo que ellos entendían que era la defensa de la unidad de España. Aquel "a por ellos", el discurso de Felipe VI, la represión policial, la connivencia judicial, el entorno social, político, mediático y económico fue como una especie de salvoconducto para cruzar las líneas rojas de un estado democrático.

Hoy, muchos de aquellos lo viven con una cierta incomodidad, ya que la política ha hecho nuevos compañeros de viaje. Así, periódicos de papel que avalaron la represión del independentismo ahora defienden la amnistía y parecen haber olvidado todo el daño cometido. Desde julio, he leído cosas que parecían imposibles y he visto firmas en algunos textos que, seguramente, antes habrán tenido que tragar saliva varias veces.