Solo puede verse con estupor y perplejidad la iniciativa legislativa que ha presentado este viernes el PSOE en el Congreso de los Diputados y que pretende, según el presidente de su grupo parlamentario, Patxi López, combatir el lawfare y las acciones judiciales abusivas. El momento en el que se presenta y la manera como se realiza desprende un tufillo a una ley a medida de los casos judiciales que envuelven al PSOE y al propio Pedro Sánchez, más que a una idea de verdadera regeneración democrática, algo que España necesita como el aire que respira. Pero no es ese el objetivo final del Gobierno, sino el de parar los pies a los tribunales con medidas legislativas y construir un relato que acompañe los supuestos ataques que recibe. Los socialistas hace tiempo que van detrás de encontrar la mayoría parlamentaria suficiente que envíe un mensaje inequívoco al Tribunal Supremo, la auténtica vía de agua abierta en la gran mayoría de problemas judiciales. De hecho, lo han intentado en otros momentos con Junts, que no hace sino recordar, cada vez que puede, el silencio cómplice de los socialistas cuando los perseguidos fueron los independentistas catalanes.

Va a tener que hacer mucho más que presentar una proposición no de ley, que lleva nombres y apellidos adosados, si el Gobierno quiere sacar adelante su iniciativa legislativa. Hoy es un claro no, ya que Junts no está por solucionar problemas personales que no aborden una necesaria regeneración. En un primer análisis, de la decena de artículos solo tres parecen correctos y el resto son más bien tirando a indigeribles, bien sea por sentencias anteriores o por chocar directamente con la Constitución, como es el caso de la acusación popular, una de las formas de personarse en un proceso penal, junto a la acusación particular y la que ejerce la Fiscalía. El tema es que la acusación popular es una posibilidad que tiene cualquier persona física o jurídica para promover una acción penal, independientemente de haber sido ofendida o perjudicada por el delito que se investiga. Así aparece recogido en el artículo 125 de la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los socialistas proponen que la participación de la acusación popular en una causa judicial quede adscrita solo a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella.

Si el Gobierno quiere sacarla adelante, va a tener que hacer mucho más que presentar una proposición no de ley que lleva nombres y apellidos adosados

Algunas de las cuestiones que propone ahora el PSOE ya las intentó encarrilar el gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y no logró su objetivo. Está, además, el tema de iniciar una investigación judicial a partir de recortes de periódicos, algo que no necesariamente es malo, ya que la investigación periodística puede estar muy bien fundamentada y revelar cosas que se desconocían. La querella que presentó en su día Izquierda Unida con recortes de El País sobre las actividades de un tal Luis Bárcenas dio origen a lo que más tarde se conocería como el caso de los papeles de Bárcenas, con las acusaciones condenatorias de sobras conocidas por la financiación ilegal del Partido Popular. La manera como plantea el PSOE las restricciones a la acusación popular es de tal magnitud que acabaría dejándola como una cosa inútil y quedando solo en manos de la Fiscalía el monopolio de la acusación. La Fiscalía, o sea, aquella que un presidente del gobierno dijo públicamente aquello tan poco edificante: ¿De quién depende? Pues eso.

Vamos a ver qué recorrido tiene el paso dado por el PSOE o si todo acaba en generar un enorme ruido alrededor de un tema que aleje el foco de la insuficiente mayoría parlamentaria con la que cuenta Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y del órdago planteado por Carles Puigdemont y por Junts, que ha presentado una iniciativa legislativa para que el Congreso pida a Sánchez que se someta a una moción de confianza. Tenía que haberse aprobado el 17 de diciembre, más tarde el 7 de enero, después el 14 y ahora parece que irá a la Mesa convocada para el jueves 16. Los socialistas se resisten como gato panza arriba a ponerse una soga como esta al cuello, y Junts tiene un recorrido difícil para echarse atrás con todas las declaraciones que ha hecho. Y aunque en la política los enjuagues para salir de líos están a la orden del día, en este caso es difícil, ya que es un sí o un no, y el que se desplace de la posición será señalado por los suyos. Mientras tanto, Sánchez nos entretiene con los 50 años de Franco o con la iniciativa para combatir el lawfare, las acciones judiciales abusivas o el debate sobre la despenalización de injurias a la Corona que quiere introducir Podemos.

Todo ello, sin pactarlo con nadie previamente. Pensando que él es el único jugador en el terreno de juego y que todo el  mundo se amoldará a sus necesidades. Pues igual vuelve a ser que no.