Aunque ha pasado muy desapercibida, como si nadie quisiera hacer excesivo ruido con lo que ha dicho, vale la pena escuchar la explicación que ha dado en Granada, en el marco de un encuentro de juristas, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la aplicación de la ley de Amnistía, una vez se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, que nadie duda que lo hará favorablemente. Dice Llarena, el instructor de la causa del procés, lo que algunos juristas, pocos, vienen advirtiendo desde hace tiempo: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Amnistía, que se espera para antes del verano, lo será sobre su constitucionalidad pero no sobre su ámbito de aplicación, que corresponderá a los tribunales desde el TSJC al Supremo.

Dicho en lenguaje coloquial este viernes llamado de Dolores, que es el anterior al Domingo de Ramos que acabamos de celebrar: Ustedes, señores del Tribunal Constitucional, hagan lo que quieran porque quienes la aplicaremos seremos nosotros y, en nuestra casa, la última decisión es nuestra. En poco menos de un minuto, Llarena, en tono explicativo con los asistentes, habla con claridad meridiana y se le entiende todo: "Lo que se plantea es: ¿ahora, que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado definitivamente, se recorrerá en amparo ante el Tribunal Constitucional? Veremos, esto no es lo que dicen los sometidos al proceso. Aquí estamos entre juristas y todo el mundo lo sabe. ¿Al Tribunal Constitucional qué le corresponde? Al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley. Proclamar si la ley orgánica 1/2024 es un instrumento que está dentro de las posibilidades del legislador español, de la eventualidad de que esté dentro de las posibilidades del legislador español, si esta se emitió satisfaciendo las necesidades constitucionales".

El desacato iniciado por este sector de la judicatura a la ley de Amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024, está a las puertas de un nuevo capítulo

Y sigue: "Pero esa es la función del Tribunal Constitucional, decidir la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica eso, no le corresponde al Tribunal Constitucional, le toca a los tribunales, a los jueces ordinarios, a los jueces de lo penal de algunos partidos judiciales de Catalunya, al TSJC y, en último término, al Tribunal Supremo. Pero no al Tribunal Constitucional. Por eso, yo, en alguna ocasión, ante los medios he proclamado que tenía el convencimiento personal de que no tiene ningún recorrido cualquier recurso de amparo que sobre este aspecto que hemos debatido se pueda plantear ante el Tribunal Constitucional. Es verdad, que en la interpretación de una ley ordinaria entran también ciertas exigencias constitucionales. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Una interpretación de una ley ordinaria les corresponde a los jueces, pero es necesario que esa interpretación responda a la exigencia constitucional de seguridad jurídica".

Como se han vertido ríos de tinta sobre la aplicación de la amnistía y la aseveración del gobierno español al president en el exilio, Carles Puigdemont, de que su retorno será una realidad en muy poco tiempo, las palabras de Llarena cobran un mayor significado. El desacato iniciado por este sector de la judicatura a la ley de Amnistía, aprobado por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024, está a las puertas de un nuevo capítulo. Como hemos visto estos años, Llarena no es un magistrado cualquiera del Supremo, ni va por libre. Hay que dar por supuesto que cuenta con el apoyo de la Sala Segunda que preside Manuel Marchena. Lo contrario sería una desviación y, a este nivel, esas cosas no suceden nunca.