Una preocupante sensación guerracivilista se ha instalado en la capital de España, que vive un inusual duelo entre el gobierno de Sánchez y la izquierda en general frente a la judicatura, en un sentido tan amplio e impreciso que incluye también el Tribunal Constitucional. Un mundo, este último, que acude a la batalla con las espaldas muy bien cubiertas por la derecha y la ultraderecha política, una parte muy significativa de lo que podríamos considerar el establishment económico y los agitadores habituales del mundo mediático que componen una coral en papel, radio y televisión dispuesta a acabar con Sánchez al precio que sea.

Costaría encontrar una época reciente comparable con la actual, no tanto en las energías puestas para acabar con el poder establecido —recuerda mucho a aquel váyase, señor González de Aznar—, sino en que, a diferencia de aquellos años noventa en que era una guerra entre partidos, esta es una batalla entre instituciones. La judicatura contra el poder ejecutivo y legislativo. Son ellos, los de las puñetas, los que libran la batalla, y el PP quien los acompaña y se aprovecha. Este jueves, el Congreso ha aprobado la reforma del Código Penal en medio de la ofensiva del TC, que ha debatido incluso suspender el debate de las Cortes.

Ha reculado y decidirá qué hacer el lunes, entre el debate en el Congreso y el del Senado. El clima en Madrid está preparado para que esto pase y casi sería una sorpresa que no aconteciera. El apoyo a los miembros conservadores —así se definen, como si los otros, los propuestos por el PSOE no lo fueran— es cerrado y casi me atrevería a decir que tendrán problemas si no consuman lo que han iniciado y no amordazan a Pedro Sánchez. A nosotros, a los catalanes que vivimos las tropelías de un TC entonces unido inquebrantablemente al servicio de España, nos sorprende menos, o nada. Ya quedamos vacunados a partir de 2017 con el discurso del Rey del 3 de octubre supliendo al poder político, y sabemos perfectamente lo que dice la ley y lo que acaban haciendo los que interpretan la ley.

La diferencia es que entonces todos jalonaban unidos a los mismos, detrás del solista que cantaba el a por ellos, y ahora la izquierda escucha como se lo gritan a ella. No tiene mucho más, es así. Solo faltaba Inés Arrimadas, en tono chulesco, hoy en la carrera de San Jerónimo y en 2017 en el Parlament, recordando aquella situación a la presidenta del Congreso. “Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en 2017: señora Batet, no permita esto”. Forcadell acabaría, como todo el mundo sabe, en la prisión, cosa que ahora no sucederá, pero Arrimadas sabe bien de qué habla y sus extravagancias aquí tienen en estas situaciones un recorrido allí.

Estaba escrito que esto iba a llegar tarde o temprano. Estaba advertida la izquierda que hoy se queja y antes jalonaba irresponsablemente irregularidades tan solo porque le iban bien. Hay nervios en el Gobierno y también en el PSOE. En el ejecutivo, porque no controlan nada. Y entre los socialistas, porque su base electoral está revuelta, hay barones en pie de guerra y Felipe, que no desaprovecha la ocasión, monta cenas conspirativas con antiguos ministros suyos a los que les habla de los peligros que corre el partido.