Aunque no sabemos toda la verdad de la dimisión fake de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno del pasado 25 de abril por la tarde, día de inicio de la campaña electoral de los comicios catalanes del pasado 12 de mayo, este martes hemos conocido algunas cosas más. En primer lugar, que ese mismo día de abril, unas horas antes, el juez había notificado a su esposa, Begoña Gómez, su condición de investigada como posible partícipe de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios. No resulta exagerado atribuir una relación de causa-efecto entre la imputación del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de la plaza Castilla de Madrid, y el sorprendente anuncio de Pedro Sánchez, que provocó una situación insólita en la política española, ya que un presidente del Gobierno se tomaba cinco días para reflexionar sobre si debía seguir al frente del ejecutivo español o dimitir. 

Pero hay más. No hace tantos días, Sánchez negaba o guardaba silencio sobre la condición de investigada de su mujer (anteriormente definido como imputada). ¿Por qué no contestaba afirmativamente cuando se le preguntaba si sabía a ciencia cierta en qué situación se encontraba Begoña Gómez? ¿Cuántas cosas más se esconden debajo de la manta de Pedro Sánchez? Nunca sabremos hasta qué punto la explosión de la campaña catalana que provocó, desembocó en unos resultados concretos. Incluso es difícil establecer hipótesis definitivas sobre la movilización de votantes socialistas del área metropolitana de Barcelona, que sí que se produjo y en una proporción diferente a lo que había sucedido en elecciones catalanas anteriores. Lo que sí sabemos es que la crisis institucional que originó su carta a la ciudadanía y que se nos explicó como una respuesta a los ataques que sufría, no por ser quien era sino por lo que representaba, como líder de una opción política progresista, tenía en la recámara otras razones mucho más personales.

Los acontecimientos de las últimas semanas, así como el clima de tensión en el seno del gobierno con Sumar, son más propios de un final de legislatura que de cualquier otra cosa

No es ese el único frente judicial que afecta directamente a Sánchez y al PSOE. La Fiscalía Europea (EPPO) por su parte también investiga si la denuncia contra Begoña Gómez afecta contratos suscritos con fondos europeos, y por eso ha preguntado al juez Peinado si en la documentación del procedimiento hay algún contrato con subvención europea para determinar si es competente para investigar. Por otro lado, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladado al juez que investiga la pieza clave de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia de la covid, sostiene que el exministro de Transportes José Luis Ábalos conocía los contratos que se investigan en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo. La UCO justifica estas afirmaciones porque Koldo García reenvió información recibida sobre el estado de la empresa Soluciones de Gestión a un correo que se correspondería con una cuenta personal de Ábalos. De ello deduce que el entonces ministro estaba al corriente de las operaciones fraudulentas que gestionaba su asesor.

Si uno se para a pensar que no llevamos ni un año de la actual legislatura española —elecciones el 23 de julio e investidura el 16 de noviembre—, parece difícil de pronosticar que pueda tener mucho recorrido. Los acontecimientos de las últimas semanas, con pérdida de proyectos de ley o retirada de los mismos, así como el clima de tensión en el seno del gobierno con Sumar, son más propios de un final de legislatura que de cualquier otra cosa. Quizás sea ese el único aliciente de las elecciones europeas en el horizonte, que aparentemente interesan muy poco y sobre las que existe unos pronósticos de participación que en estos momentos se mueven en un porcentaje no muy superior al 40%, muy lejos del año 2019 en que coincidieron municipales y europeas y escaló por encima del 60%.