Más allá del lenguaje, muchas veces ininteligible para el común de los mortales, las 42 páginas de la auto del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena Gómez, son todo un ejercicio de realismo de lo que es el estado español, con una justicia envalentonada y sin contrapesos a la hora de ejercer el poder. El ejercicio naif de modificación del Código Penal llevado a cabo por Esquerra Republicana, para rebajar las condenas de los presos políticos condenados en el juicio del procés, forzando un acuerdo primero con Podemos y más tarde con el PSOE en el Congreso de los Diputados, ha sido triturado, sin compasión alguna, por la sala segunda del Supremo. Marchena no entiende de pactos y, erigido en el último baluarte del Estado para impedir la rebaja de las condenas a presente y a futuro, ha establecido una doctrina perniciosa, en la que realiza una relectura sesgada de la sentencia del procés, en la que nada cambia para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. En cambio, extingue la inhabilitación de Cuixart, Sànchez, Rull, Forn y Forcadell, que quedan liberados de la condena, recuperan sus derechos y pueden concurrir a las elecciones.

Marchena da un revolcón al Gobierno por la modificación del Código Penal. De hecho, es el destinatario final, señalando la línea roja que el Supremo no va a aceptar: la de los cabecillas que ha podido juzgar y sobre los que pesa una muy sui géneris reinterpretación de lo que es el nuevo delito de malversación. Así, como quien se saca un conejo de la manga, sostiene que hubo ánimo de lucro y transforma el delito de malversación en un acto de malversación agravada, con el consiguiente incremento de años de inhabilitación. Lección para una próxima ocasión: los acuerdos políticos no son transferibles a la sala del Supremo y pensar que los magistrados no iban a realizar una interpretación ad hoc era desconocer lo que es el poder y olvidar que en Madrid las cosas se hacen así desde hace siglos. Lo dije un día y hoy lo repito: ¿en qué momento hubo dirigentes independentistas que olvidaron la enorme literatura del juicio del procés? Pero si allí estaba todo de lo que ahora ha pasado.

El auto del Supremo da pistas, además, sobre causas judiciales que están abiertas y cuyo camino se hace más estrecho pese a la modificación del Código Penal. El primero es el juicio a los dos colaboradores de Junqueras en la Conselleria d'Economia, en 2017, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Esta misma semana se conocerá la petición de la Fiscalía del TSJC y su escrito de acusación que, con la interpretación restrictiva de Marchena y la instrucción del fiscal general del Estado de hace un par de semanas, si el gasto supera los 250.000 euros, puede ser sancionado con la friolera de hasta 12 años de prisión. Además de ser injusta y desproporcionada, tendría un efecto colateral: los esfuerzos realizados por Esquerra para impedir esta situación habrían servido de bien poco. En parte, porque Pedro Sánchez, convertido nuevamente en un camaleón, hace tiempo que se distanció de los problemas que podía tener Esquerra, una vez aceptó la modificación de los delitos de sedición y malversación que se le pedía a cambio del apoyo parlamentario.

Por eso, con esta piel de cocodrilo, dura y resistente a cualquier situación sobrevenida, la número dos del partido, María Jesús Montero, ha asegurado que el auto del Supremo da la razón al PSOE y que los delitos tan graves siguen siendo delitos con el actual Código Penal. También que ya tenían previsto que se mantuviera la inhabilitación de los cuatro condenados cuando se aprobó la reforma del Código Penal. Vamos, que en la mesa de negociación decían una cosa, trabajaban por otra y enredaban a todos. Realmente, lo extraño es que aún tengan aliados que les quieran seguir aprobando leyes ni que sea como un mal menor, ya que Feijóo sería mucho peor. También han salido nuevos nubarrones en los dirigentes del procés y cuadros intermedios del sotto governo de la Generalitat en 2017 y que están en los juzgados 13 y 18 de Barcelona. 

Queda pendiente, como última oportunidad, para que les levante la inhabilitación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, la carta del Tribunal Constitucional, que recientemente modificó su composición y el Partido Popular perdió la mayoría de control. Los miembros cercanos al PSOE ya revirtieron la semana pasada el bloqueo que había sobre la ley de plazos del aborto y que había estado 12 años pendiente del fallo del Constitucional. Vamos a ver si esta mayoría llamada progresista, con Conde-Pumpido a la cabeza, sería capaz de modificar la resolución del Supremo, habida cuenta de que dos magistrados del Constitucional no podrían votar por ser recusables, se tendrían que abstener, y se apretarían las dos familias a un ajustado cinco a cuatro. Eso, sin tener en cuenta que, con procesos electorales por en medio, el PSOE buscará el mínimo ruido posible.