De todos los movimientos que podía realizar la Fiscalía con las diferentes informaciones sobre la participación del Ministerio del Interior en la Operación Catalunya y que se han venido publicando estas últimas dos semanas, como bien saben los lectores de ElNacional.cat, que ha dispuesto de material informativo inédito; la apertura de una investigación tras las informaciones que indican que la persecución de la policía patriótica contra el independentismo incluyó al fiscal superior de Catalunya Martín Rodríguez Sol, es la acción más corta que podía realizar. Tanto es así que es fácil pensar que el interés de la Fiscalía reside sobre todo en que desde el Ministerio del Interior se haya tratado de hacer averiguaciones de uno de los suyos.

Aunque sea así, hay que confiar en que, una vez dentro, la Fiscalía quiera ir más allá del caso de Martín Rodríguez Sol y trate de esclarecer todos los demás casos que se han conocido y lo que es la clave de todo el asunto: cuál fue la participación del Ministerio del Interior y cómo se vehiculaba todo este material al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los nuevos papeles de la Operación Catalunya son reveladores de una manera de hacer absolutamente inaceptable en un régimen democrático y no dejan duda de que la operación política contra el independentismo no fue cosa de unos policías actuando por su cuenta y riesgo. Tenían la cobertura operativa del Ministerio del Interior al máximo nivel y la constancia de que el propio Rajoy era perfectamente conocedor de todas las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo.

Para los que lo desconocen, es importante recordar que el fiscal Rodríguez Sol fue apartado de su cargo en 2013 después de posicionarse a favor de la posibilidad de que los catalanes decidieran sobre su futuro. No se pronunció ni mucho menos a favor de la independencia, de la que era contrario, pero fue suficiente para que el fiscal general del Estado Torres Dulce le abriera un expediente de remoción. Tampoco gustó en Madrid que abriera diligencias contra el diario El Mundo sobre la publicación de informaciones falsas contra Artur Mas y Jordi Pujol, que finalmente no consiguió sacar adelante. Por más que se le tratara de presentar como un colaborador del independentismo, si por algo destacaba, era por su perfil moderado y competente. Dentro de esta lógica, se entiende que hubiera presidido, entre los años 2000 y 2004, la conservadora Asociación de Fiscales.

Hay que confiar en que la Fiscalía quiera ir más allá y trate de esclarecer cuál fue la participación del Ministerio del Interior y cómo se vehiculaba todo este material al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Mientras la Fiscalía del TSJC abre este camino, que veremos hasta dónde llega, otra Fiscalía, en este caso la del Tribunal Supremo, deberá contestar a la pregunta del tribunal sobre si debe investigar al president en el exilio Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. La pregunta tiene su aquel, ya que el juez de la Audiencia Manuel García-Castellón ha considerado que sí, mientras la Fiscalía del mismo tribunal se ha mostrado contraria y ya hizo un duro informe contra la decisión del magistrado y aseguraba que los hechos recogidos en la investigación no encajaban en el delito de terrorismo ni para Puigdemont, ni para la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Debería ser la misma posición entre las dos fiscalías, pero veremos. En la Audiencia Nacional y en el Supremo ya tenemos suficiente experiencia para no dar nada por seguro.