Acaba de abrirse, y de la peor manera posible, el melón de la rebaja de impuestos una vez que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido copiar el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y suprimir el impuesto de patrimonio tras el de sucesiones. Y, además, lo ha hecho de una manera que, si utilizáramos un lenguaje deportivo, diríamos que ha sido pasando a la ofensiva: invitando a los empresarios catalanes a que ubiquen su sede central en el sur de España. Entraremos después en algo que es capital: ¿puede una comunidad autónoma que recibe ayudas extras en función de un saldo neto negativo practicar dumping fiscal? Al debate político entre partidos de diferente ideología y de distintos territorios se ha sumado de manera torpe el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, con una propuesta tan simplista como siempre bien acogida desde el establishment español: hay que centralizar impuestos para evitar que las comunidades autónomas compitan entre ellas para bajarlos.

Es evidente que, guste o no guste, la iniciativa de Ayuso en Madrid de supresión del impuesto de patrimonio acompañada de la del impuesto de sucesiones ha tenido un efecto lesivo para Catalunya, ya que, sean muchas o pocas, hay empresas —también particulares— que han aprovechado para fijar su residencia en Madrid. El discurso de la izquierda española y catalana de que regala impuestos a los ricos puede tener una base cierta pero tiene también un punto de demagogia y evita mirar de frente el problema real: ¿se van o no se van empresas y particulares? ¿Tienen o no tienen mayor capacidad para retener a empresas y particulares? ¿Qué gusta más a la ciudadanía, que finalmente es la que acaba votando, Ayuso abanderando que será la peor pesadilla de las personas que intenten subir impuestos o el president Pere Aragonès señalando que Andalucía y Madrid no podrán competir con Catalunya a través del dumping fiscal? Es que Madrid ya compite, y con ventaja, y Andalucía está montando la rampa de salida para hacerlo invitando a 7.200 nuevos contribuyentes, y de ahí la referencia a los empresarios catalanes, a que trasladen su residencia para compensar los más de 90 millones de euros que va a dejar de recaudar.

Es evidente que el Partido Popular está en modo electoral y que este tipo de iniciativas cuentan con el visto bueno del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Como también es indiscutible que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con el discurso en campaña en 2011 bien aprendido de que iba a bajar impuestos e hizo justamente lo contrario. Pero en política se vive del presente, importa poco el pasado y lo cierto es que tanto Ayuso como Moreno se han puesto en plan autonomías sin impuestos y el debate no está centrado en la pérdida de presupuesto en áreas sociales tan sensibles como sanidad o educación, porque, si así fuera, con las víctimas mortales que hubo en la Comunidad de Madrid, su presidenta no hubiera podido ni presentarse, y obtuvo mayoría absoluta en medio de una aureola demagógica pero que impulsó este resultado de ser "la comunidad de la libertad".

En este debate que ya se ha abierto, Catalunya tendrá que encontrar su sitio si no quiere perder hasta la camisa entre los dos polos existentes: el dumping del PP y la recentralización del ministro Escrivá. Porque la desautorización del Gobierno a Escrivá tiene el valor que tiene y el globo sonda para navegantes, que es lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, ya está aquí. Es posible que también, en Catalunya, se tenga que poner punto final a algunas distorsiones del procés en que solo ha habido renuncias de un espacio político y las políticas que se han ido aplicando en muchos departamentos han tenido, muchas veces, un componente casi único de izquierdas. Como si no hubiera una alternativa ideológica a estas iniciativas que, en un momento u otro, bien tendrán que defender y poner encima de la mesa los que lo llevan en su programa si quieren tener un terreno de juego propio.