El llamado caso Koldo continúa haciendo estragos en las filas socialistas. Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha procedido a cesar al subsecretario del ministerio, José Manuel Gómez, su número tres en el departamento, y al director de personal de Adif, Michaux Miranda. Todo por la compra masiva presuntamente fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. El momento del cese de los dos altos cargos no es baladí: siempre los ceses en agosto son menos dolorosos y pasan más desapercibidos por la opinión pública y, en segundo lugar, se avanza así unas semanas a la comparecencia que los dos cesados tendrán que realizar a principios de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

La auditoría interna encargada por el ministerio de los dos altos cargos ya imputados por la Audiencia Nacional revela ya fraude en los contratos y compra masiva sin los controles necesarios. Según Puente, por ejemplo, en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión —epicentro de la presunta trama—, en 38 minutos se pasó de comprar 4 a 8 millones de mascarillas. Pese a ello, el ministro fue pulcro en sus explicaciones y se limitó a señalar que los ceses tienen que ver porque se había producido una pérdida de confianza que había desembocado en la decisión. También resaltó que no pretendía prejuzgar ni realizar ningún tipo de valoración que tuviera que ver con cuestiones que solo atañen a los tribunales de justicia y que él se limitaba a analizar aspectos meramente administrativos aparecidos en la auditoría.

Sus explicaciones, aparentemente, lo que hacen es más bien poner sordina en un caso de corrupción del que se desconoce su desenlace final, pero que, al estar por en medio el uso de fondos europeos, tiene una doble trascendencia y un doble prisma judicial: Madrid y Bruselas. En la capital española, el juez Ismael Moreno rastrea en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos organismos de la administración central española y la Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

El caso Koldo, al haber por en medio el uso de fondos europeos, tiene una doble trascendencia y un doble prisma judicial: Madrid y Bruselas

No es ese el único caso judicial que persigue al gobierno socialista. También este viernes, el juez Peinado, que investiga la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, dio un paso más con el registro de la vivienda y una de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. Este está imputado en el caso tras admitir reuniones con Pedro Sánchez y su esposa. Peinado ha abierto una pieza separada en la causa, que mantiene bajo secreto sumarial, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todo apunta a que esta causa secreta de Peinado es la que le serviría al juez, llegado el momento, para elevar la causa al Tribunal Supremo.

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, también está siendo investigado por el juzgado número 3 de Badajoz. Las acusaciones, bastante parecidas: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Esta situación procesal ha llevado al Gobierno a iniciar una campaña contra la judicatura, que, por ahora, no está cuajando en Europa. No hace tanto tiempo, eran ellos mismos los que salían en defensa de la Audiencia Nacional y el Supremo cuando perseguían con saña al independentismo. De aquellos polvos, estos lodos.