Después de las últimas ediciones marcadas por la pandemia, vuelve este año con toda su fuerza el Mobile World Congress, el escaparate más importante que tiene Barcelona a nivel de ferias y que ha establecido con la capital catalana una historia de amor. Superado el temor que había tras la llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona a que cumpliera su compromiso de la campaña electoral, y el congreso de móviles se tuviera que buscar otra plaza, ni la pandemia, ni el interés de Madrid por desplazar a la capital española el MWC han roto la alianza entre la Fira y el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, la persona que tiene los derechos del congreso.
Para este año se espera la visita de alrededor de 80.000 personas, ejecutivos, en su mayoría, de los principales países del mundo. Se espera la llegada de un 20% más de vuelos que en 2022 y se puede asegurar que, excepto algunas empresas asiáticas, la gran mayoría ya están a un nivel muy similar a la de la etapa prepandemia. Para Barcelona supondrá un impacto económico de más de 350 millones de euros durante esta semana y se alcanzará así la cifra de más de 6.050 millones desde el año 2006, fecha en que el MWC abandonó Cannes, en la Costa Azul francesa.
El propio Hoffman, la persona más solicitada para trasladar el MWC a otra ubicación, y que ha dado permanentes calabazas a la Comunidad de Madrid y a algún que otro ministro español que ha tratado de lanzarle cantos de sirena sobre la inestabilidad catalana, ha resaltado este fin de semana la alianza única entre la GSMA y la ciudad de Barcelona, y se ha mostrado orgulloso del legado que está dejando el acontecimiento de tecnología móvil más grande del mundo a la capital catalana. No en balde, la alianza entre GSMA y la Fira de Barcelona ha dado paso a una alianza público-privada de la que todo el mundo sale beneficiado. "Venimos aquí a hacer negocios", ha resumido Hoffman.
Un año más desde 2018, en el congreso mundial del móvil impacta la situación política entre Catalunya y España, la represión existente que mantiene exiliados e inhabilitados a una parte importante del Govern del president Puigdemont en 2017, y la protesta contra la visita a Barcelona de Felipe VI para la cena inaugural oficial y que sirve de primer acto de las jornadas. Las autoridades catalanas un año más no le recibieron cuando llegó al recinto ferial, ni posaron en la foto de autoridades con el monarca, aunque sí se incorporaron después a la cena oficial con el resto de invitados extranjeros. Una manera de hacer evidente que la situación política e institucional dista mucho de estar normalizada.