Es bastante poco discutible que la nueva consellera d'Educació, Anna Simó, ha heredado una auténtica patata caliente de su predecesor, Josep González Cambray, que se traduce en una convocatoria de huelga de diferentes sindicatos (Ustec-Stes, CGT e Intersindical-CSC) en el inicio del curso escolar el próximo 6 de septiembre, y la amenaza de ampliar la huelga con muchos más días si la nueva titular del departament no dialoga y no rectifica. Habida cuenta de que Anna Simó fue designada nueva consellera del ramo el pasado 12 de junio, no parece que le hayan dado muchos días para corregir el rumbo de Cambray, y que inevitablemente tendrá que hacerlo si quiere pacificar sus relaciones con la comunidad educativa.

De los tres últimos consellers d'Educació —Josep Bargalló, Cambray y Simó— es, sin duda, esta última la que está más capacitada para encontrar una solución al polvorín que le han dejado sus dos últimos antecesores. Tanto por su conocimiento del departament como por su reconocido talante dialogante. Pero es necesario también darle un poco de tiempo, y tener encima de la mesa a los quince días de haber asumido el cargo una batería de huelgas es, en parte, empezar la casa por el tejado. Durante toda la etapa Cambray defendí la mayoría de las protestas que se realizaron, ya que la actitud inflexible del anterior conseller le hacía ser un blanco fácil en un departament en el que se necesita, además de dinero, mucha mano izquierda. Las inversiones realizadas duraban en la mesa de negociación lo que puede aguantar un caramelo en la puerta de un colegio: nada.

Es lógico que los sindicatos estén quemados fruto del pasado reciente. Pero también es lógico que la administración disponga de un cierto margen para demostrar que su voluntad para solucionar el problema es radicalmente diferente a la de su antecesor. Sin esa mínima confianza, los acuerdos son imposibles y todas las partes acaban perdiendo credibilidad. Es necesario y urgente pacificar los centros escolares y establecer un marco de certidumbre que satisfaga a ambas partes en beneficio de los alumnos, que son los últimos tensionados con las discrepancias existentes en la comunidad educativa. Y, para ello, cada parte tiene que estar a la altura de lo que se espera de ellos.

Porque si no se pacifica la situación actual y no se llega a una etapa de síntesis que facilite la distensión, el problema, que hace mucho tiempo que dura, acabará enquistándose. El Parlament ha celebrado esta semana un pleno monográfico para defender el catalán en la escuela de los embates del Estado. El horizonte de lo que se ve venir da un cierto vértigo y un gobierno PP-Vox sería algo más que una amenaza. Hemos visto actitudes sencillamente anticatalanas de los nuevos gobiernos tanto en el País Valencià como en las Illes Balears. Las derechas han ido a saco en contra del catalán en los colegios y, por tanto, cualquier tipo de blindaje y consenso va a ser necesario.

Pero también hay que ser conscientes de que la enseñanza tiene un problema serio en Catalunya. Hay demasiados indicadores en retroceso que se tienen que abordar sin esconder la cabeza debajo del ala y abordándolos de frente. No solo es el abandono escolar, sino la formación y el conocimiento, dos pilares que hace un cierto tiempo que dan pasos atrás. Y de eso también han de hablar la administración, la comunidad educativa y los sindicatos.