La rapidez con que la Fiscalía y el gobierno español se han personado como acusación en el caso Negreira hace recordar, ni que sea por comparación, la lentitud con que lo han hecho, o más bien no lo han hecho, en casos tan graves como, por ejemplo, la Operación Catalunya. La Fiscalía, con su escrito acusador en un juzgado de Barcelona contra el Barça y, entre otros, contra exresponsables del club —dos expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, no así contra los otros mandatarios que ha tenido la entidad desde Joan Gaspart porque su posible delito habría prescrito— a los que acusa de corrupción continuada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Y el gobierno de Pedro Sánchez, a través del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que depende del ministro de Cultura, Miquel Iceta, y que este lunes ha señalado: "Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo".
Pues el caso Negreira, que ya veremos cuál es, al final, su importancia y gravedad, y del que solo sabemos por informaciones desde hace muy pocas semanas, ya tiene el pack completo de lo que es el Estado enfrente: la Fiscalía y el Gobierno. No se trata de defender a Laporta, de quien ya señalé la semana pasada que debe a los socios más explicaciones de las que ha ofrecido hasta el momento, sino de constatar que hay temas que por graves que sean se pudren en el limbo de los despachos de los diferentes estamentos judiciales o de los despachos de los ministros, y otros en los que sí gusta ofrecer titulares rápidos que gustan en Madrid y son convenientemente recompensados.
Ya nos podemos quejar los catalanes de no haber tenido en el gobierno de Sánchez un aliado para desvelar todo lo que se esconde en la Operación Catalunya, un hecho de una gravedad democrática importante, ya que desde el gobierno español se creó una brigada patriótica para fabricar dossieres y tratar de acabar política y civilmente con actores relevantes del mundo independentista. Aquí no se ha personado ningún gobierno español como acusación y, es más, se han puesto todas las trabas posibles para que a través el Parlamento español se pudiera investigar. Qué decir del espionaje a través del programa Pegasus al mismo espacio político, una parte autorizado por la justicia española y otra sin que se sepa a ciencia cierta, pero con sospechas de que las cloacas del Estado estaban detrás.
Pero el Barça, sí. Aquí gas a fondo. Ya han citado por parte de la Fiscalía y en calidad de testigos a los entrenadores del club Luis Enrique y Ernesto Valverde para que confirmen o desmientan si conocían los informes que supuestamente elaboraba el exárbitro en el centro de la polémica, José María Enríquez Negreira, y por el que habría cobrado del club blaugrana, en estos años, más de 7 millones de euros. El presidente del Barça ha vuelto a manifestar este lunes que tiene ganas de enfrentarse "a los sinvergüenzas que manchan nuestro escudo".
A nadie se le puede escapar, sin embargo, que el pulso que ha echado a la Liga del polémico y de pasado ultraderechista Javier Tebas, con la Superliga, unido al choque por el mismo motivo con la UEFA y la FIFA, deja a la entidad en una posición cuando menos frágil. Hay que explicarse y hay que reaccionar con un equipo jurídico del máximo nivel antes de que sea demasiado tarde. Porque este caso no se dirime en la plaza pública, sino en los despachos de estos organismos, donde el Barça se queda, hoy por hoy, en el recibidor.