La decisión del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, de mantener la orden de detención del president en el exilio Carles Puigdemont por malversación haciendo caso omiso de la ley de amnistía es una desautorización en toda la regla del poder judicial al poder legislativo y la prueba de que el estado español está muy lejos de dar por finalizada la represión y persecución al independentismo catalán. De hecho, en esta resolución de Llarena están también los entonces consellers Toni Comín y Lluís Puig. Pero es que, además, en otro auto del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha resuelto que tampoco aplica la amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron condenados por el referéndum del 1-O y, por lo tanto, les mantiene la inhabilitación a cargo público hasta el 2031.

Cualquier calificativo que se pueda utilizar de la decisión del Supremo quedará corto y no será suficientemente contundente del paso dado este lunes. Es cierto que era una posibilidad real que esto acabara pasando, pero desde allí también se había ido creando un estado de ánimo que venía a coincidir que era la hipótesis menos probable. El tantas veces pregonado pasar página tenía una parada en la ley de amnistía para todos los casos y que ahora ha saltado por los aires. Porque es evidente que la protección jurídica del redactado final y las enormes dificultades que hubo para alcanzar un acuerdo sobre el texto pretendía dos cosas: en primer lugar, proteger a todos aquellos ciudadanos anónimos que, por su condición de CDR o cualquier causa judicial exagerada para ser considerados culpables, tuvieran el amparo del legislador. En segundo lugar, que la cúpula política de los hechos del 1-O tuviera la protección jurídica necesaria ante el arrojo de cualquier juez del Tribunal Supremo.

Por lo visto, nada es suficiente, la interpretación es libre y aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Lo más parecido a la selva. Judicial, claro. El estado español sigue pensando que la mejor fórmula para evitar problemas con el independentismo catalán es tener rehenes. Que unos cuantos, a poder ser lo suficientemente relevantes para que no se le olvide a nadie en los próximos años, vean violentados sus derechos fundamentales y libertades. Es una mirada, sin duda, cortoplacista y que puede tener el efecto contrario al pretendido. No sería la primera vez. A veces, tanto va el cántaro a la fuente...

El estado español sigue pensando que la mejor fórmula para evitar problemas con el independentismo catalán es tener rehenes

El Supremo, que se ha tomado su nombre al pie de la letra, toma el texto de la amnistía, lo estruja y manipula las palabras, con una sorprendente —o no— coincidencia entre las tesis de Marchena y Llarena, que recogen de rebote las tesis de los cuatro fiscales díscolos del procés que se rebelaron contra el fiscal general del Estado. Todo ello, haciendo piruetas y juegos de manos con conceptos como ánimo de lucro y enriquecimiento. Olvidándose que el enriquecimiento no es lo que piensa el común de los mortales, es otra cosa, según los magistrados del Supremo. No tiene ninguna importancia que nadie fuera acusado de meterse un euro en el bolsillo, porque ahora ha mutado, según aseguran los jueces, y significó un beneficio patrimonial para sus líderes.

Marchena dice lo siguiente: “Hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio. Destinaron aquel a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos, dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria. Fondos públicos puestos al servicio de sus fines que eran también particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas”. En cuanto a la afectación de todo ello en las finanzas de la Unión, es de padre y muy señor mío. Habla de una “afectación potencial” del presupuesto de la Unión y asegura que “una ruptura de la integridad territorial europea —esta desconexión existió, aunque durara unos pocos segundos— encerró un grave peligro de afectación de los intereses financieros” de la UE. Incluso, en su voto particular en el escrito de la sala segunda, la magistrada del Supremo Ana Ferrer ha advertido que “por ello asimilar ahora el desvío de fondos a la persecución de un objetivo político ilícito, con el ánimo de obtener un beneficio particular económicamente evaluable, resulta la incorporación de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro, en una suerte de inversión metodológica que debiendo partir de los presupuestos de la ley que nos corresponde ahora aplicar, acaba redefiniendo un elemento de tipicidad”.

El mayor riesgo de adentrarse en senderos desconocidos siempre acostumbra a ser que se está en un camino con muchas más aristas de las que se ven a primera vista. Y, a lo mejor, este lunes con el obús judicial a la amnistía se ha empezado a andar hacia uno de ellos.