Si para algo está sirviendo el espectáculo vergonzoso de los partidos españoles con la comisión parlamentaria de la Operación Catalunya es para constatar que llegar a descubrir la verdad de la actuación del Estado y la utilización de toda la maquinaria de guerra sucia de la que disponen solo tiene interés para el independentismo catalán. Nadie más quiere ni acercarse a la gran bola de actuaciones ilegales puestas en marcha por el PP y el PSOE a partir del año 2012 y que tuvo a las diferentes instituciones del Estado involucradas en una operación política de exterminio civil de sus dirigentes por la vía de la eliminación política y la ruina económica. Como los excrementos que se esconden debajo de las alfombras oficiales son abundantes y unos y otros se protegen para que no sepamos nada, vetan comparecencias imprescindibles y pretenden convertir la comisión parlamentaria en un acto político irrelevante e intrascendente.

El hecho de que solo se hayan puesto de acuerdo en la convocatoria para que declaren el excomisario José Manuel Villarejo y el expropietario de la expropiada Banca Privada de Andorra (BPA) es, además, una muestra más que evidente de que PSOE y PP no quieren que se les escape nada. En el caso de Villarejo, que si algo ha hecho estos últimos años es hablar, sus agendas y declaraciones han servido para múltiples titulares y parece difícil que pueda añadir algo nuevo. Además, el excomisario es cuando menos un personaje de dudosa reputación, ya que ha hecho infinidad de papeles con lo que cuesta seguir el rastro de la verdad. En cualquier caso, lo que si es cierto es que estuvo en el ajo de todo, que no actuaba por libre y que era el eslabón de la guerra sucia.

Como Villarejo ya ha llegado a situar a Mariano Rajoy en la cúspide de la Operación Catalunya, elevando el listón por encima del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (SSS), es el presidente del gobierno entre los años 2011 y 2018 quien debería ser convocado por la comisión parlamentaria, como así han solicitado los partidos independentistas. Es inexcusable que no suceda y hace falta decirlo una y otra vez, aunque ya se encargarán los socialistas de protegerlo para que ello no sea posible con el mismo ahínco que hacen los populares.

Porque a estas alturas ya todo el mundo sabe que no fue una operación del Gobierno, sino que fue una operación del Estado y que todos los poderes que lo representan estaban informados. Que la cocina la hicieron Soraya Sáenz de Santamaría y el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y que el rey emérito la conoció y se dio por enterado, necesitado como estaba de reforzar su pérdida de prestigio y de popularidad. En abril de 2012 se había conocido que tenía una amante, Corinna Larsen, y que pasaba largas temporadas con ella. En uno de estos episodios tuvo un accidente cazando elefantes en Botsuana y tras recuperarse en un hospital de Madrid hizo aquellas declaraciones que certificaron su irreversible ocaso: "Lo siento mucho, no volverá a ocurrir". Casualidades de la vida, de aquellos años se intenta saber la verdad mientras el emérito aterriza en unas horas en Sanxenxo desde su exilio dorado de los Emiratos Árabes Unidos y tras una escala en Londres.

En definitiva, lo que acabará quedando de la comisión sobre la Operación Catalunya van a ser migajas y poca cosa más. Blanquear esa auténtica tomadura de pelo es algo que, al menos, desde Catalunya no debería hacerse. A riesgo de que la política no haya mutado definitivamente en un vodevil.