La decisión de Oriol Junqueras de continuar al frente del partido, después de la aparatosa derrota de Esquerra Republicana en las elecciones catalanas del pasado domingo, es la segunda noticia importante que se produce en 24 horas en el seno de la organización, tras la renuncia del president Pere Aragonès a recoger el acta como diputado y limitar su papel institucional a gestionar la transición a su sucesor en la Generalitat. Es obvio que Junqueras, con su decisión, busca abrir un cortafuegos para evitar que el partido salte por los aires en medio de una lucha que, sin duda, se produciría si se generara un vacío de poder. También sitúa allí donde corresponde preferentemente la principal responsabilidad del resultado electoral. Esquerra ha retrocedido de 32 diputados a 20 y ha pasado de tener en solitario todo el Consell Executiu a ser el tercer partido del país. 

En una organización política como Esquerra, que en el pasado no tan lejano ha demostrado una fuerte pulsión autodestructiva, la decisión de Junqueras puede ser cuestionada, pero parece la acertada, ya que, al menos en cuatro decisiones importantes de estos últimos tiempos y por este orden ni se le ha consultado, ni ha tenido nada que ver: el ascenso a la vicepresidencia de Laura Vilagrà, el precipitado y sorpresivo adelanto electoral, la estrategia de campaña y la confección de las listas electorales. En todas ellas, su silencio ha tenido mucho más que ver con la discrepancia que con cualquier otra cosa. Hay también un hecho que no puede ser obviado y que fácilmente se olvida: hasta junio de 2021, fecha en que el Tribunal Supremo ordenó su liberación tras el indulto del gobierno de Pedro Sánchez —o sea, tres años y ocho meses—, estuvo preso entre Estremera y Lledoners. Una situación idéntica a la de los presos del procés, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Raül Romeva y Dolors Bassa.

La decisión de Junqueras puede ser cuestionada pero parece la acertada

Igual que en el caso de Turull, secretario general de Junts, el único de todos los citados que también permanece en primera línea política, pesa sobre él una inhabilitación de 13 años que expirará con la ley de amnistía que ya ha vuelto al Congreso para su aprobación definitiva. Ya solo falta que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, la coloque en el orden del día con la máxima urgencia, algo que el independentismo debería estar exigiendo ya públicamente. Será entonces, sin la cadena de la inhabilitación, cuando se podrá evaluar a fondo su liderazgo y su capital como candidato en unas elecciones en Catalunya que, si no hay repetición electoral, no serán tampoco muy lejanas con el enrevesado panorama político actual en que no hay una mayoría clara y todos se miran de reojo. 

En relación con la amnistía, este martes se ha producido un hecho inesperado que tiene varias lecturas. No es otro que la decisión del Partido Popular de dar marcha atrás en el Senado en su decisión de llevar al Tribunal Constitucional el choque institucional con el Congreso por como se había tramitado la ley en la cámara baja. La decisión del PP después de las elecciones catalanas y antes de las europeas supone retractarse de los pasos dados y dejar su oposición a la amnistía en el ruido mediático y político, esquivando el tema del Constitucional. Puede ser porque lo tengan perdido en el TC, pero ya lo tenían perdido, en todo caso, antes de su retirada. O por otras razones que, si son importantes, ya iremos conociendo. Porque en política ya no quedan ingenuos y las cosas no suceden por casualidad.