Todo vale para defender España. Esta sórdida explicación del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entre los años 2016 y 2018, por tanto, responsable de la seguridad en el momento álgido del procés —leyes de desconexión, referéndum y proclamación en el Parlament de la independencia—, debería ser una carta de presentación para los eurodiputados de la comisión Pegasus que lunes y martes visitan Madrid. Zoido no es un personaje del pasado: actualmente es miembro del Parlamento Europeo y actúa como coordinador de la comisión que debe analizar el espionaje a los independentistas catalanes. España ha escogido algunos puestos claves de la comisión Pegasus para tratar de rebajar la importancia del escándalo internacional del espionaje. Y ha disminuido la importancia de la interlocución de sus contactos con la Eurocomisión hasta dejarla en un secretario de Estado tan distante de lo que se está investigando como el secretario de Estado para la Unión Europea. Si esto lo hiciera un gobierno del PP en vez del compuesto por el PSOE y Unidas Podemos, las protestas de la izquierda española y también de la catalana se oirían a miles de kilómetros. Ahora, en cambio, solo se escucha el silencio.
Una decena de años de persecución y espionaje no quedarán en nada. Eso seguro. Será una cuestión de tiempo y llegará tarde a saberse la verdad. Ahora se empiezan a confirmar noticias del año 2012. Con fechas desincronizadas con la realidad, pero ya nadie discute que hubo una Operación Catalunya que tuvo su parte de investigación ilegal de líderes políticos y sociales, pero que también penetró en ámbitos financieros, empresariales y mediáticos. No lo discute el Estado, que, en todo caso, se justifica. No lo discuten los policías de la trama corrupta e ilegal, con Villarejo al frente. Y no lo discuten los diarios que negaban esta actuación político-policial o bien se ponían de perfil y que ahora tratan de encabezar, casi una década después, las denuncias de lo que sucedió aquellos años.
Zoido no estaba en el 2012, estaba Jorge Fernández Díaz. Como no está ahora, ya que fue sustituido por Fernando Grande-Marlaska en junio de 2018 y que aún sigue en el cargo. Pero hay un invisible hilo entre los tres ministros del Interior de esta última década: todo vale para defender España. Unos con más torpeza y otros intentando pasar algo más desapercibidos, pero el espionaje a los independentistas catalanes ha sido una constante ilegal y chapucera. No debería costarles mucho a los miembros de la comisión del Parlamento Europeo llegar a esta conclusión, ya que el rastro es relativamente fácil de seguir. Dudo mucho que se pueda encontrar un estado de nuestro entorno en el que se pueda certificar que cuatro presidentes de gobierno, en este caso de Catalunya, hayan sufrido consecutivamente una situación como esta. Desde Artur Mas hasta Pere Aragonès, pasando por Carles Puigdemont y Quim Torra.
El último de ellos, el president Aragonès, data de la presidencia de Pedro Sánchez y sucedió en momentos claves de la política española y catalana. Uno de ellos, cuando Esquerra tenía que decidir su posición política en el Congreso de los Diputados. Y eso que los republicanos eran unos aliados estables de la mayoría parlamentaria de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Seguramente, sabemos solo la punta del iceberg de lo que el Estado ha estado haciendo con Catalunya, de la información obtenida e, incluso, del uso que ha podido hacer con ella. Porque lo que es seguro es que se han violentado comunicaciones, se han utilizado recursos políticos para acabar con adversarios políticos y se han llevado a cabo numerosas acciones ilegales. Y se ha mirado descaradamente hacia otro lado en aras a la unidad de España.