Seguramente, uno de los males endémicos de la política de estos últimos años en las relaciones entre Catalunya y el gobierno español ha sido que demasiadas veces se ha pretendido dar a los catalanes gato por liebre. Se decía una cosa en público, se anunciaban unos acuerdos y después la realidad era muy diferente. La letra pequeña de los pactos enmendaba los anuncios grandilocuentes, las comparecencias públicas conjuntas para tranquilizar al personal duraban unas pocas horas y, en el ambiente, quedaba la idea de que no hay nada que hacer, ya que Madrid siempre acababa dando la vuelta al anuncio inicial, que se deshacía como un azucarillo.

Estos últimos meses, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana andan, cada una por su cuenta, con dos banderas arrancadas al PSOE: la delegación de competencias en inmigración, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, que se ha iniciado a tramitar después de que el PSOE y Junts presentaran una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, y el traspaso de Rodalies a la Generalitat, presentado a tres bandas por el PSOE, el PSC y Esquerra Republicana. Los dos son traspasos que, de hacerse realidad en su integridad, colmarían las exigencias de los partidos catalanes que los han impulsado y, sin duda, revertiría en el bienestar de los catalanes que, al final, de eso va o tendría que ir la política.

Pero, sin embargo, el escepticismo sobre que esto acabe bien es alto. No hay una única razón, sino que siendo temas muy diferentes sobrevuela en el ambiente que el gobierno español lo que quiere es ganar tiempo, arreglar sus dificultades de mayorías parlamentarias e ir haciendo. En el caso concreto de Rodalies, la situación es de sobras conocida por la ciudadanía. Muchos años sin inversiones han hecho que una red fundamental para la movilidad de los catalanes sea absolutamente tercermundista. No hay día sin que ocupe un titular y muchos días acaba llenando el más grande de todos. Las manifestaciones de este sábado recogen un estado de ánimo y las amenazas de los trabajadores, un chantaje a favor de que se mantenga el statu quo actual. 

Siendo temas muy diferentes, sobrevuela en el ambiente que el gobierno español lo que quiere es ganar tiempo, arreglar sus dificultades de mayorías parlamentarias e ir haciendo

El próximo martes comparecerá en el pleno monográfico sobre Rodalies el president Salvador Illa y estaría bien que se ofreciera un calendario que permitiera vislumbrar una salida del caos actual. Es lo que los ciudadanos se merecen, aunque mucho me temo que el debate irá por otros derroteros, porque no hay gobierno que en este tema no haya chocado desde hace décadas con la actitud negligente del Estado, que es el principal responsable del abandono de la red ferroviaria. La consellera de Territori, Slvia Paneque, pide tiempo, entiende el hartazgo de los ciudadanos y subraya que en estos momentos hay 183 inversiones previstas por parte de Adif, con el horizonte fijado en 2027. Pero el problema es que la ciudadanía espera soluciones inmediatas y esas no van a llegar.

Si ese es el problema del funcionamiento de la red, está también la manera en que se ha realizado el traspaso. No ha sido una transferencia total a la Generalitat y la última decisión depende de un consorcio con mayoría del gobierno español. Hay que decirlo así, para no llamarse a engaños, formará parte del Grupo Renfe, que contará con el 50,01% del accionariado. En el futuro, ya veremos, pero eso es lo acordado. Las palabras de este sábado de la secretaria general de ERC, Elisenda Alemany, reclamando un traspaso integral 100% a Catalunya, después de firmar lo contrario, no ayudan a que la ciudadanía entienda la situación.

Si nos fijamos en la delegación de las competencias de inmigración, el horizonte tampoco está mucho más claro. Hay partidos de la mayoría de investidura de Sánchez que no están a favor —Podemos—, o son reticentes —Sumar—. Sin esos votos no hay delegación de competencias. Los partidos a la izquierda del PSOE esperan a la formación de Puigdemont con la reivindicación de las 37,5 horas de jornada laboral como moneda de cambio. ¿Qué acabará pasando? Pues que descarrilaran a lo mejor las dos porque encontrar un punto win-win no parece fácil. Y, como en el casino, la banca gana siempre. O sea, el Gobierno, que pese a las turbulencias se balancea a un lado y a otro.