El hecho de que este martes por la noche solo una persona resultara herida, o no muriera ninguna, durante el tiroteo registrado en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, en que se efectuaron unas 150 detonaciones, con tres pistolas y un arma larga, no resta gravedad a lo sucedido, que, lamentablemente, no es una situación única de este conflictivo vecindario de la conurbación de Barcelona. A estas alturas, podríamos estar hablando de una verdadera tragedia y, por suerte, no es así. Como la situación no es nueva y hay otras zonas de Barcelona, Tarragona o Girona que igualmente han experimentado alrededor del tráfico de drogas un aumento considerable de la delincuencia, se hace cada vez más evidente que estamos ante un auténtico polvorín y que es necesario adoptar unas medidas de seguridad que hasta la fecha no se han querido poner en práctica. El salto exponencial que supone pasar de un tiroteo puntual a una situación en que se practicaron alrededor de 150 disparos entre grupos rivales para amenazarse y marcar el territorio hace evidente que el concepto de autoridad como tal ha desaparecido.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consellera Núria Parlon, ha anunciado este jueves tras visitar con una fuerte protección el barrio de La Mina y reunirse con la alcaldesa de Sant Adrià, del PSC, una sesión extraordinaria de la Junta de Seguridad en dicho municipio. Illa se ha movido con celeridad antes de que la oposición le exigiera responsabilidades. Y lo ha hecho en la línea correcta, dejando bien claro que en Catalunya no hay impunidad y que quien la hace la paga. También, anunciando que el Govern pondría todos los recursos necesarios para identificar y detener a los responsables, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad en todos los barrios, pueblos y ciudades. El principal problema, sin embargo, es que ya hay demasiados barrios en los que el control de lo que allí sucede no está en manos de la policía, sino de las bandas de delincuentes, que encuentran en la marihuana una manera de ganar mucho dinero y poder comprar armas y convertir la zona en un auténtico búnker.
Ya hay demasiados barrios en los que el control no está en manos de la policía, sino de bandas de delincuentes que compran armas
La propia alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha señalado que se había perdido el control en La Mina y que era necesario controlar las armas de fuego. Un problema similar existe en el barrio de Sant Roc, en Badalona, o en el de Sant Cosme, en El Prat de Llobregat, dos puntos considerados por los Mossos d'Esquadra como muy calientes dentro del área metropolitana de Barcelona y donde reinan los clanes de etnia gitana. La proliferación del negocio de la marihuana en el interior del barrio de La Mina, donde viven unas 10.000 personas y a la que se considera una zona desprotegida a la que uno no debe desplazarse, ha desembocado en muchas decenas de pisos ocupados y controlados por las mafias de la droga y los clanes familiares, y una enorme tensión vecinal a cualquier hora del día, no solo por la noche. El hecho de que hasta la fecha los clanes solo se estén mostrando el material armamentístico del que disponen, en un ejercicio de marcar terreno y asustar a sus rivales, es casi anecdótico, ya que lo más importante es la capacidad de usarlas que tienen y el escaso conocimiento policial de cuántas son y donde están, ya que la ley, en la práctica, allí no existe.
El hecho de que los Mossos vigilen La Mina con mayores dispositivos policiales y se desplacen brigadas especializadas de Brimo y Arro es una buena noticia, aunque no es una solución. Todos sabemos que este operativo policial será los primeros días, en que el tema de la inseguridad es ampliamente recogido por los medios de información, y que su presencia se irá reduciendo. Hay que abordar el problema en toda su dimensión y gravedad, empezando por el tema de la droga e impidiendo que se puedan llevar a cabo las plantaciones en los pisos de La Mina y luchando desde dentro contra su tráfico y su comercialización. Si no se hace así, el dinero que existe a su alrededor y la delincuencia internacional de la droga será tan solo poner parches, dar la sensación de que se hacen cosas, pero sin abordar la raíz del problema. En todos los barómetros que se publican, la inseguridad aparece como el primero o el segundo problema —junto a la vivienda— de los ciudadanos. Y si no se hace así, el riesgo de que los discursos populistas sigan ganando terreno acabará siendo una realidad.