Aunque cada formación política lo explicará, lógicamente, a su manera y en función de sus intereses, hay que darle la importancia que tiene, porque la tiene, al acuerdo alcanzado entre PP, Junts, PNV y Vox en el Congreso de los Diputados para tumbar la reforma fiscal del Gobierno. Es una derrota que, no por esperada, es dolorosa para el Ejecutivo, ya que hace evidente que la mayoría de investidura de Pedro Sánchez no existe como tal en estos momentos. PP y Junts han explorado desde la máxima discreción, pero también desde la desconfianza y la tirantez personal y política, si podía haber un mínimo marco de diálogo en materia económica que acabe restando poder a los socios de izquierdas de Pedro Sánchez. Ninguna de las dos partes está especialmente descontenta. También les ha servido a ambas formaciones para romper el hielo y ampliar, más allá de los marcos establecidos hasta la fecha, alianzas puntuales que no se habían atrevido a explorar. Entre otras cosas, porque las dos formaciones tienen en sus respectivas casas voces contrarias a cualquier movimiento en esa dirección.

Lo cierto es que los duros del PP sobre cualquier cosa que suene a Junts o a Puigdemont han guardado hasta ahora silencio. Desde José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso en Madrid a Alejandro Fernández en Barcelona. Quizás por lo que había en juego o porque intuyen que será una cosa esporádica y que difícilmente puede ir a más. En la copa de Navidad, Alberto Núñez Feijóo, en una conversación informal y sin micrófonos que grabaran, habló, de una manera distendida, de su relación con Junts. Sus palabras no fueron gratuitas: en su opinión, el partido de Puigdemont es coherente y un interlocutor válido. Señaló que se habían dado cuenta de que estaban cerca, económicamente y fiscalmente. Respecto a si podían alcanzar nuevos acuerdos, su posición fue optimista: vamos a estirar la relación en 2025. No se quedó aquí y alguien le preguntó por una posible ruptura irreversible entre el PSOE y Junts y cuál sería el movimiento de los populares: "paciencia, iremos partido a partido", señaló.

El acuerdo PP-Junts hace evidente que la mayoría de investidura de Pedro Sánchez no existe como tal en estos momentos

El acuerdo que ha tumbado la reforma fiscal, lo que se ha dado en llamar como el impuestazo a las energéticas, tiene muchas otras afectaciones en Catalunya, como la confirmación de una serie de inversiones estratégicas, fundamentalmente en el Camp de Tarragona, que estaban en un serio riesgo de deslocalización, y que suponen cientos de puestos de trabajo; rebajas fiscales que ascienden a unos 2.500 millones de euros a cooperativas y pequeñas y medianas empresas catalanas, bonificaciones para entrenadores y monitores de 21.000 clubes deportivos o rebajar el IVA de los yogures al 4%, entre otras cosas. Es cierto que el lunes el Gobierno aprobará un decreto ley para cumplir con ERC, Bildu y Podemos y mantener el impuestazo a las energéticas, pero todo el mundo sabe a estas alturas que es papel mojado. En un mes, como máximo, se tendrá que convalidar en el Congreso de los Diputados, que lo tumbará y el Gobierno habrá llegado con este tema al final del camino. 

Es evidente que el movimiento de Junts, unido a la amenaza al Gobierno que lanzó el pasado martes Carles Puigdemont, instándolo a presentar una cuestión de confianza y avisando a Pedro Sánchez de que el acuerdo con los socialistas no iba bien y que había llegado el momento de un punto inflexión o de dejarlo estar, introduce más presión a la política española. Para el 7 de enero se espera el desenlace del culebrón de la iniciativa legislativa de Junts que plantea a Sánchez que presente una moción de confianza, pero antes Sánchez tendrá que hacer encaje de bolillos para cerrar un nuevo acuerdo. Todo dependerá del número de rectificaciones que esté dispuesto a hacer, aunque es evidente que son muchas carpetas y en todas ellas el PSOE está lejos de un acuerdo definitivo. Un año después de que Junts proclamara solemnemente que ellos iban a cobrar por adelantado en Madrid, parece que ha llegado el momento, al menos, de no poder renunciar a cobrar aunque sea tarde.