La baza de los presupuestos de la Generalitat como medida de contención para aguantar la legislatura con tan solo 33 diputados —los que tiene Esquerra Republicana en el Parlament— parece hoy una aventura casi imposible para Pere Aragonès después de que el PSC haya dado a conocer sus exigencias para aprobar las cuentas catalanas. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que los republicanos acepten propuestas que han estado rechazando durante meses y que los socialistas presentan públicamente como condiciones para aprobar los presupuestos: la ampliación del aeropuerto del Prat y el compromiso del Govern de no obstaculizarla con iniciativas en el Delta del Llobregat que la condicionen y retrasen los plazos; la construcción de la Ronda Nord Sabadell-Terrassa (conocida como el cuarto cinturón); y acompañar el proyecto del centro recreativo de Vila-seca y Salou, más conocido como Hard Rock, obligando al Ejecutivo catalán a aprobar de manera definitiva el Plan Director Urbanístico (PDU) para iniciar las obras en 2023. Así como un detallado y extenso plan de inversiones en las áreas más dispares, desde el modelo productivo y el tejido industrial hasta la sociedad del conocimiento y la implantación de energías renovables, pasando por los departamentos de Salut, Drets Socials, Educació, Seguretat y un largo etcétera.

Así, Salvador Illa ha movido ficha al constatar que las conversaciones entre ERC y PSC no avanzaban y se movían en círculo después de varias reuniones. De hecho, el memorándum que ha presentado el PSC este miércoles supone más la constatación del fracaso de las negociaciones mantenidas desde principios del pasado mes de octubre, cuando Junts per Catalunya abandonó el Govern, que un episodio más al encontrarse encalladas. El envoltorio diseñado por Palau de cerrar un acuerdo con los comuns y a partir de aquí presionar a los socialistas y reducir su margen de maniobra, parece que no ha dado el resultado esperado. De hecho, Aragonès y su equipo han repetido la jugada de la investidura del president: cerrar un acuerdo con la CUP y después apretar a Junts para cerrar el que fue el gobierno de coalición. Illa ha explicado estos días que no le pasará lo mismo que a la CUP y Junts, con quienes ERC ha incumplido sus compromisos, y que su confianza en Aragonès es limitada.

El dilema de Aragonès en esta tesitura no es fácil. Necesita presupuestos como el aire que respira, ya que si no los saca adelante el final de la legislatura corre un serio riesgo de precipitarse. Es cierto que en cinco de los diez últimos años ha habido prórrogas presupuestarias, pero es obvio que políticamente no es lo mismo que te falten tres, cuatro, cinco o media docena de diputados para sacarlos adelante, que disponer solo de 33 parlamentarios para gobernar de los 68 en que está situada la mayoría absoluta. Si la cuestión se mira por elevación, el Govern ya ha perdido la oportunidad de repetir el éxito del conseller Jaume Giró el año pasado, en que las cuentas públicas entraron en vigor el 1 de enero por primera vez desde 2010. Algo que, sin duda, hubiera vuelto a suceder este año si Esquerra no hubiera empujado para que Junts saliera del Govern ni estos últimos se hubieran precipitado ingenuamente al abismo.

Veremos cómo resuelve Aragonès el acertijo: prorrogando las cuentas al quedarse sin margen de negociación, como inicialmente propuso Oriol Junqueras al dejar Junts el Govern; comiéndose, en una difícil digestión, la ampliación del aeropuerto de El Prat, el cuarto cinturón y el proyecto del Hard Rock —este es el más fácil dentro de la complejidad por la demanda en las comarcas de Tarragona—, amén de otras exigencias nada agradables de los socialistas; utilizando, si puede, su fuerza negociadora en Madrid para intentar ablandar al PSC; o recomponiendo las cosas con Junts, lo que, obviamente, va mucho más allá de la negociación de los presupuestos de la Generalitat y tiene mucho que ver con incumplimientos del acuerdo de investidura. 

Puede, también, pegar una patada a la difícil situación en la que se encuentra, sabiendo que una moción de censura es prácticamente imposible, ya que precisaría de un acuerdo entre PSC y Junts algo que, a priori, hoy por hoy hay que descartar. Pero la política es tan cambiante, mucho más en la actualidad, que a ningún gobernante —Pedro Sánchez, al margen— le gusta un escenario en que las complicaciones sean muchas más de lo que los manuales de la ortodoxia política indican.