Coincidiendo con el quinto aniversario de la marcha de Carles Puigdemont al exilio, el president ha hecho público desde Waterloo un escrito en el que da cuenta de su compromiso con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la proclamación de independencia llevada a cabo por el Parlament, y repasa las dificultades personales y políticas para llevar a cabo una actividad para internacionalizar la causa de Catalunya. También rechaza cualquier solución personal a su situación, ya sea a partir de la modificación de delitos como la sedición, indultos u otra vía, señalando que ha procurado no perder de vista que la razón del exilio es política. Se adentra además en un terreno inhóspito y desconocido, al menos en su boca, como son los contactos que ha mantenido desde 2017 con enviados socialistas que le han propuesto lo que califica de "soluciones felices" y que Pedro Sánchez conoce.

Dice Puigdemont en su escrito de once párrafos lo siguiente: "En estos cinco años no he buscado ninguna solución personal, ni he pedido a nadie que lo hiciera en mi nombre; no he buscado de qué manera pasaría menos años en una prisión española, ni he esperado para mí los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explícito en público y en privado, ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme 'soluciones felices'. También a gente del PSOE que diversas veces me ha venido a ver para generar expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto. Siempre y cuando, claro, acepte comparecer ante el Supremo. Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo".

No dice más, pero lo dice todo. Lo suficiente para adivinar que en algún o algunos momentos ha habido comunicación directa o indirecta entre la Moncloa y Waterloo y que el president ha rechazado las propuestas que se le han planteado desde Madrid. Las 'soluciones felices', según su lenguaje, para establecer un puente que facilitara su retorno a Catalunya, previo paso por los tribunales y, evidentemente, por la cárcel, aunque fuera hasta la concesión de un indulto. Un trayecto que de haber aceptado Puigdemont habría hecho estéril el camino del exilio, la posterior internacionalización del conflicto y habría restado valor a los diferentes pronunciamientos de varios países europeos negándose a extraditarlo a él y a cualquiera de sus consellers.

Se produce también, en un momento en que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han pedido a la Junta Electoral Central que acredite las credenciales de los eurodiputados Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé, y que confirme que se encuentran en la lista de 59 cargos proclamados, como un paso para que se les mantenga la inmunidad de la que gozan. También, a finales del noviembre, los días 24 y 25, se verán en el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, las vistas relacionadas con el recurso que presentó Puigdemont contra el Parlamento Europeo por retirarle la inmunidad el pasado mes de marzo, aunque después le fue devuelta, ya que el tribunal aceptó las medidas cautelares que reclamaron hasta que los jueces dictasen el fallo.

Un paso judicial importante, ya que el exilio lo ha acabado fiando todo a la Justicia europea como salvaguarda a la injusticia española. En el marco de todo ello pivotará la extradición de los exiliados que persigue el Supremo, y que los políticos catalanes y sus letrados han defendido hasta la fecha con enorme éxito en todas las instancias en las que han sido requeridos por la justicia.

Pero volvamos al principio: los visitadores de la Moncloa a Waterloo existieron aunque no hubiera resultado, ni se hiciera público. Cinco años después de la marcha de Puigdemont a Bruselas, el president lo ha dejado por escrito.