La decisión socialista de no esperar más y presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la ley del solo sí es sí, elaborada por el Ministerio de Igualdad en manos de Podemos, tiene por objeto mirar de contener la sangría de críticas que está ocasionando la interpretación judicial y las consiguientes rebajas de penas a los violadores. Tres meses ha tardado el PSOE, y por ende el Gobierno, a enmendar un proyecto de ley que, lejos de responder en su totalidad al objetivo del legislador, ha acabado siendo una verdadera autopista de reducción de condena a agresores sexuales en prisión, con la consiguiente alarma social que ha producido.

Por más que Podemos ha interiorizado la crítica como un ataque a la formación política, de ahí también la resistencia a llevar a cabo esta modificación, ha habido pocos casos en los que su posición haya sido tan frágil. Seguramente no contó con los mejores asesores y no tuvo en cuenta que había que limitar la interpretación judicial que se ha venido haciendo y que ha supuesto la rebaja a más de 330 violadores desde la entrada en vigor de la ley y para 23 ha supuesto su excarcelación. Si nos remontamos al pasado mes de octubre, que fue cuando las Audiencias Provinciales empezaron con el goteo de la reducción de condena, la lentitud con la que se ha actuado es preocupante, ya que el tiempo transcurrido solo ha hecho que amplificar el problema y provocar un debate público como pocos en los últimos tiempos en lo que han intervenido juristas pero también afectadas.

En el fondo, es muy probable que si el ministerio no hubiera sido del partido coaligado, la reforma no se hubiera demorado tanto. El PSOE ha andado con pies de plomo para no tensar más de lo necesario el gobierno de coalición con Podemos. De ahí el tiempo concedido para que rectificara públicamente, cosa que, al no producirse, ha optado por tirar por el camino de en medio y encargar la rectificación al Ministerio de Justicia. El objetivo va a ser doble: volver a la situación de la legislación anterior en lo que se refiere a las condenas de los reos con las sanciones, de ahí que eleve las penas cuando hay violencia o intimidación, y mantener como eje de la ley el consentimiento de la mujer frente a la violencia o la intimidación. 

El tema del consentimiento no es una cuestión baladí, sino nuclear en el nuevo enfoque de la ley del solo sí es sí. Cualquier paso atrás en esta cuestión sí que podría abrir la caja de Pandora entre el PSOE y Unidas Podemos, además de colocar en una posición difícil a Pedro Sánchez frente a colectivos feministas. Nada apunta que ello vaya a suceder pese a las prevenciones expresadas por la formación morada, ya que hay margen para combinar ambas cosas. Si no fuera así, sí que se habría dado un paso atrás. El apoyo de Feijóo a los planes del PSOE mete, sin duda, presión a Unidas Podemos, que no puede en la recta final de la legislatura perder su proyecto estrella. Todo un problema también para Sánchez, que debe hacer equilibrios no solo en su gobierno, sino a la hora de impedir que Unidas Podemos se desplome electoralmente, ya que los socialistas necesitan a su izquierda un espacio político que sea capaz de acercarse a los 40 diputados si quiere conservar opciones de mantener la Moncloa.