Se ha hecho público este viernes el sumario de la Operación Catalunya en Andorra, que consta de siete tomos, y donde se sustancian todas las investigaciones policiales y las resoluciones judiciales que han dado pie a que la juez andorrana Stéphanie Garcia cursara comisiones rogatorias al Estado español para que declaren como investigados el expresidente Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández. Por la gravedad del caso y la importancia de las personalidades implicadas muy poco se está hablando en Catalunya y prácticamente nada en España, donde la omertà de la prensa de Madrid está ocultando cómo se llevó a la quiebra en 2015 a un banco, la Banca Privada d'Andorra (BPA), por no facilitar de forma ilegal si tenían cuentas en la entidad Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Siete años después nadie ha podido probar que las tuvieran.

En el sumario aparecen las amenazas a los directivos de la BPA, la participación de la policía española, la documentación falsificada entregada al FINCEM (el tesoro americano), el chantaje de destruir el banco si no colaboraban y toda una serie de prácticas más propias de la mafia que de un gobierno democrático. El resultado de aquella actuación política fue la destrucción de una entidad financiera saneada y sin problemas económicos, como era el BPA y su filial en España, el Banco de Madrid. El FINCEM se desentendió en seguida de la chapucera actuación en la que participó la policía española, con una aquiescencia importante del Govern andorrano del momento, que miró más los intereses privados en un país tan pequeño y donde la banca es siempre un objeto codiciado.

Los hermanos Higini y Tito Cierco se quedaron sin banco y perdieron cientos de millones de euros que acabarán recuperando en pleitos judiciales que durarán años. Pero ese final, más o menos feliz, lo conocen ahora. El escarnio público de su imagen, con todo un Gobierno español a su caza y captura, unido al trabajo de la prensa patriótica de Madrid y de Barcelona, fue incesante durante los primeros años. El consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, pasó más de dos años en prisión y la versión de los hermanos Cierco no llegaba ni a ser publicada. El Estado español está en guerra, le dijo la policía española en una nota a Miquel.

De hecho, la citación a los dirigentes del PP por parte de la jueza andorrana ni ha sido recogida por buena parte de la prensa de Madrid. El sello de la Operación Catalunya es todo un salvoconducto de trato de favor, aunque ello comporte una gran manipulación informativa. De hecho, algo similar ha pasado con la cinta de noviembre de 2012 en que Alicia Sánchez Camacho traslada al comisario Villarejo una lista de políticos y profesionales a los que se tiene que investigar para obtener la máxima información posible por sus simpatías independentistas, según la expresidenta del PP catalán. El objetivo era claro: con la información obtenida, destruirlos.

De aquellos polvos, estos lodos. De hecho, en el lodazal en que entró el Gobierno español con la llamada policía patriótica para detener a los que comulgaban con un futuro diferente para Catalunya, aún se encuentra inmerso el ejecutivo de Pedro Sánchez, en manos de un deep state que es quien detecta eso que llamamos el poder. Con mayúsculas, claro.