Casi como cada año, la jornada de la Diada acostumbra a tener su réplica del Estado al día siguiente y este año no ha sido una excepción. El búnker reacciona como siempre lo ha hecho: con represión, amenazas, advertencias y menosprecio de la identidad catalana. El 12 de septiembre sirve así para tomar la temperatura a los sectores más reaccionarios contra el independentismo. Y, por lo que se ve, están todo menos contentos. La jornada ha tenido así varios frentes informativos: los letrados frenando la adopción rápida del catalán en el Congreso, la Fiscalía reclamando al juez Pablo Llarena que dicte una nueva orden internacional de detención del conseller Lluís Puig y la convocatoria por parte de Societat Civil Catalana de una manifestación en Barcelona el próximo 8 de octubre contra la amnistía y la autodeterminación.

Vayamos por partes: no sé en cuáles de las competencias de los letrados de la cámara baja debe entrar que sean ellos quienes regulen el tiempo de aplicación de una decisión de la Mesa y del pleno que contempla que además del castellano se pueda usar el catalán, el vasco o el gallego. Es un compromiso público de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de que el independentismo catalán la votara como presidenta y lo que tienen que hacer los servicios de la institución es arbitrar los mecanismos técnicos para que pueda hacerse. Tampoco hay problemas de recursos económicos, ya que hay un remanente para poderse hacer y no me imagino un acontecimiento público previsto con más de un mes de antelación que no se pueda llevar a cabo porque no haya intérpretes.

No sé, por poner un ejemplo, ¿si mañana se tuviera que realizar una cumbre internacional en Madrid y se supiera con esta antelación, alguien se imagina que no se realizaría porque no hubiera traductores? Evidentemente que no, el compromiso público fue el pasado 17 de agosto y la sesión de investidura de Feijóo será el 26 y 27 de este mes de septiembre. O sea, que lo mejor es que se dejen de bobadas, hagan su trabajo de letrados del Congreso y no busquen excusas de algo que es muy probable que les incomode, pero no está en su mano poner trabas a acuerdos políticos que la modificación del Reglamento va a permitir una vez se hagan los ajustes necesarios.

En segundo lugar, la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo —la rubrican José Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, los cuatro fiscales del tribunal que intervinieron en el juicio a los líderes independentistas— al juez Pablo Llarena para que emita una nueva orden de detención y entrega internacional contra el conseller de Cultura Lluís Puig, exiliado en Bruselas. En su ingenuidad, alguno se preguntará qué ha pasado de nuevo desde que el pasado mes de enero Llarena hiciera una nueva imputación a causa de la reforma del Código Penal y la supresión del delito de sedición y de que, más tarde, en junio, la sala de apelaciones del Supremo confirmara la resolución de Llarena. Pues nada, pero la petición de los fiscales llega este 12 de septiembre y obligará a Llarena a decir alguna cosa.

Y faltaba Aznar, que este martes ha hecho un discurso apocalíptico de los suyos tildando la amnistía de autodestrucción constitucional y llamando a una gran movilización en contra de la exigencia de Carles Puigdemont si quieren los votos de Junts para investir a Pedro Sánchez. Ya hay convocada una manifestación el 8 de octubre en Barcelona y la primera en apuntarse ha sido Isabel Díaz Ayuso. El PP va a jugar fuerte o, al menos, un cierto PP, el que quiere desestabilizar además de a Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. El mismo día que el líder del PP hace un guiño a Junts facilitándole que tenga grupo parlamentario propio en el Senado (los populares tienen mayoría absoluta), con lo que supone de protagonismo y recursos económicos, además de comerse de un bocado algo tan indigesto como corregir su oposición en el Congreso.

No hay peores enemigos que los del propio partido y, como decía Winston Churchill, "nuestros adversarios están enfrente, nuestros enemigos detrás". Sánchez y Feijóo, no solo ellos, podrían dar un máster al respecto. Lo cual no quiere decir que el PSOE utilizará todo este conglomerado de noticias para hacer ver al independentismo que nada es fácil y que todo requiere su tiempo. Que afloje. Pero, en esta ocasión, ya se le ha dicho que los pagos van por adelantado. Y el reloj está en marcha.