La decisión de la sección de apelaciones de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de declarar extinguida la responsabilidad penal del exconseller de Interior Miquel Buch y del agente de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, a quien contrató para que lo asesorara, en aplicación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso hace un par de semanas, supone el arranque definitivo de la discutida ley sobre la que se han vertido regueros de pólvora. Sobre Buch pesaba una condena de la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión al considerar que Escolà fue contratado, en la práctica, para hacer de escolta del president en el exilio, Carles Puigdemont, y no como asesor, una versión que siempre negó el exconseller y que documentó sobradamente. El TSJC también ha dictado otras tres resoluciones en las que también aplica la amnistía a los primeros dieciséis activistas independentistas y manifestantes condenados a penas de prisión.

A la espera de lo que acabe dictando el magistrado Pablo Llarena sobre la suspensión o no de las órdenes de detención de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig —se especula que la decisión podría ser este mismo viernes— y también el juez Manuel Marchena, sobre los miembros del Govern del 2017 condenados por malversación e inhabilitación Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa en el juicio del procés, que el reloj de la judicatura sobre la amnistía se haya puesto en marcha es una buena noticia. Y que se haya escogido un caso especialmente escandaloso por lo que tenía de persecución de un político de Junts tan significado como Miquel Buch por su etapa en Interior y de un escolta histórico del president en el exilio permite visualizar que la amnistía tendrá como beneficiarios, junto a muchos rostros desconocidos que padecieron la injusta represión judicial, otros mucho más reconocibles y también represaliados.

La amnistía tendrá como beneficiarios, junto a muchos rostros desconocidos que padecieron la injusta represión judicial, otros mucho más reconocibles y también represaliados

El caso de Buch es especialmente paradigmático, ya que a la represión y ensañamiento del Estado se sumó un injusto cese en el cargo por parte del president Quim Torra al hacerle responsable de la actuación policial tras los disturbios tras la sentencia del Supremo en el juicio del procés. Buch apechugó con su cese en 2020, que una parte muy importante de Junts no quería, pero tampoco se enfrentó a Torra. Pero, como sucede muchas veces, la política da muchas vueltas y acaba provocando con el tiempo situaciones impensables. Su sustituto en el cargo, en septiembre de 2020, fue el abogado Miquel Sàmper, al que se presentó como un dirigente marcadamente independentista, mucho más radical y que había figurado en las listas locales de Junts per Terrassa. Pues bien, en las últimas elecciones catalanas del pasado mes de mayo, Sàmper, actualmente tertuliano de El món a RAC1, estaba en la plataforma de apoyo a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. Había pasado, entre una cosa y otra, un poco más de tres años.

P.D.- Por la relevancia que tiene en Catalunya la puesta en marcha de la ley de amnistía he dejado para otro día el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si la máxima victoria que pueden lograr los socialistas son los acuerdos que nos han presentado, los populares pueden respirar tranquilos, ya que en el mundo judicial —y el CGPJ no es exactamente esto, pero es clave y definitivo— su fuerza no se va a ver mermada. Hecha esta apreciación, no deja de sorprender que los 26 diputados de ERC, Junts, Bildu y PNV no sean capaces de condicionar nada y se limiten a ser meros espectadores del acuerdo entre socialistas y populares. Ciertamente, no son aritméticamente necesarios, pero sí deberían serlo en su condición de fuerzas políticas imprescindibles para que Pedro Sánchez pueda gobernar. Si el acuerdo entre PP y PSOE son de diez miembros cada uno, deberían haberle exigido dos miembros para ellos que solo podían salir de los escogidos por los socialistas. Facilitar la gobernación en España no solo debería suponer entrar en los temas autonómicos, sino ser capaces de sentarse allí donde está el poder del Estado, sea el CGPJ, el consejo del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Una lástima.