No deja de ser sorprendente la cantidad de políticos, analistas y medios de comunicación —de aquí y de allá— que este sábado han exclamado en diferentes grupos de WhatsApp y con sorpresa que Carles Puigdemont acababa de anunciar que iba a estar presente en la investidura de Salvador Illa, que se producirá en las próximas fechas si las bases de Esquerra ratifican el acuerdo alcanzado entre los negociadores del PSC y de la formación que en estos momentos lidera Marta Rovira. Lo ha dejado claro en su última intervención desde el exilio en la Catalunya Nord: retorno o retorno. Peti qui peti (cueste lo que cueste). No hay un plan B. Hace tiempo que Puigdemont adoptó esta decisión, sin aceptar, como él mismo ha reconocido públicamente, una posibilidad alternativa a todos aquellos que le han aconsejado que, ante la posibilidad de acabar en prisión, lo mejor sería retrasar este retorno y ver si el Supremo aplica de manera diferente la amnistía.
Pero ninguno de ellos ha conseguido hacer mella en Puigdemont, que considera que el final de la lógica del exilio y de preservar la presidencia de la Generalitat después de la aplicación del 155 es retornar a Barcelona el día que haya una investidura de un president de la Generalitat, una vez se ha aprobado en las Cortes la ley de amnistía. Es obvio que Puigdemont hace con este movimiento, queriéndolo o no, un pulso a la dirección de Esquerra y al PSOE. A los primeros les sitúa ante el dilema de que su detención se produzca mientras ellos dan sus votos al candidato del PSC para ser president. Es obvio que una cosa no lleva a la otra, pero las dos coincidirán en el tiempo y harán más evidente la ruptura independentista en Catalunya, con responsabilidades desiguales.
De alguna manera, Puigdemont se pone en manos de las bases de Esquerra para que cortocircuiten el movimiento de la dirección del partido tras el acuerdo con el PSC. Un pacto que, pese a no haber sido públicamente anunciado, nadie duda de que está cerrado desde hace algunas fechas y que solo se trata de escoger el mejor momento para su anuncio, que será en cualquier momento a partir de este domingo por la noche. Nadie sitúa fechas de aprobación de las ejecutivas, consulta a la militancia y sesión de investidura en el Parlament si solo ha alcanzado un acuerdo genérico y sin los detalles resueltos.
Con su retorno, Puigdemont hace, queriéndolo o no, un pulso a la dirección de Esquerra y al PSOE
Pero esta partida entre Junts, Esquerra y los socialistas no solo se juega en el Parc de la Ciutadella y el Palau de la Generalitat, sino que tendrá un segundo desenlace en el Congreso de los Diputados y en el Palacio de la Moncloa. Puigdemont ya lo ha advertido de manera directa a sus dos principales interlocutores, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. Jordi Turull y Míriam Nogueras han hecho lo propio a su nivel con un mensaje inequívoco: los puentes han sido dinamitados; con ellos, el PSOE no puede contar para nada. Es probable, y no sería la primera vez, que los socialistas lean equivocadamente la respuesta del president en el exilio como un calentón. Pero teniendo en cuenta que se lo hizo saber a Zapatero y Cerdán en persona antes de las dos derrotas parlamentarias de esta semana —reforma de la ley de extranjería y frenazo a los presupuestos del 2025— es evidente que se equivocarían.
La relación entre Sánchez y Puigdemont es nula y este último se siente engañado. Las coordenadas con que arrancó la legislatura en Madrid han cambiado radicalmente y, dada la aritmética del Congreso de los Diputados, parece evidente que debería preocuparle. Si a ello se añade la situación judicial del presidente del Gobierno, su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, con varias causas abiertas, la convergencia entre la fragilidad política y las dificultades en los tribunales hacen presagiar unos próximos meses de enormes turbulencias en la Moncloa. Si no, al tiempo.