La decisión de la justicia escocesa de desentenderse de la petición de extradición de la consellera Clara Ponsati solicitada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena viene a sumar una muesca más en la batalla del independentismo contra la justicia española. Aunque el archivo del tribunal de Edimburgo se sustenta en una cuestión procedimental tan sencilla como que Ponsatí reside actualmente en Bélgica —algo que, por otra parte, Llarena ya sabía aunque mantenía vivo el proceso judicial de extradición— no deja de suponer un hándicap, ya que el magistrado del Supremo deberá iniciar cuando pueda un nuevo procedimiento para activar otra euroorden.  

Y el cuando pueda no es tampoco una cuestión menor, ya que Llarena se maniató él solito a la hora de pedir nuevas euroórdenes hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, le conteste a unas cuestiones prejudiciales que él mismo solicitó una vez el tribunal de Bruselas cerró cualquier vía de entrega a España del conseller Lluís Puig. Con estas prejudiciales solicitadas al TJUE, Llarena buscaba, sobre todo, ganar tiempo, ya que la derrota que sufrió con la extradición de Puig es el preludio de las que vendrán con el president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín.

El TJUE aceptó tramitar por conducto ordinario las prejudiciales de Llarena y situó un tiempo muerto en que las euroórdenes no están vigentes. Por ello, la movilidad de los líderes independentistas exiliados es total, en estos momentos, si excluimos el Reino de España, donde la justicia europea parece no tener valor alguno. Y, por el contrario, el Tribunal Supremo actúa impunemente, injustamente, y sin represalia europea alguna. De ahí que, este verano, todos ellos hayan podido acercarse hasta la Catalunya Nord a disfrutar de su período de vacaciones y la actitud de la policía francesa haya sido, fundamentalmente, de apoyo logístico de su seguridad.

Sea por una cosa o por otra, no deja de ser satisfactorio comprobar una y otra vez que aquello que la justicia española hace con interpretaciones interesadas y desviadas de las leyes, y con el único objetivo de perseguir y desactivar el independentismo, al cruzar la frontera todo lo que en España son victorias acaban siendo derrotas. Las dos se llaman justicia, pero solo la europea responde a ello.

Por eso es tan necesario que la causa catalana cruce siempre que pueda la frontera. Es la única garantía de un juicio justo y también la mejor opción para desenmascarar lo que se ha estado haciendo estos últimos años en España con los dirigentes independentistas.