Acaba de llegar a Andorra en visita privada el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo ha hecho sigilosamente, sin estruendo, casi sin que se sepa, ya que la policía andorrana ha dado la información con cuentagotas sobre su estancia y tan solo ha confirmado que sí, que había llegado, junto a su familia, con motivo del campeonato del mundo de BTT —bicicletas todoterreno— que se celebra en Arinsal y del que, supuestamente, es un gran aficionado y ha asistido junto a su mujer y sus hijas a algunas pruebas. La agenda de la Moncloa no ha informado del viaje de fin de semana al principado andorrano —alguien debió pensar que así tampoco se daría mucha cancha informativa y seguro que alguna crítica se ahorraría—, ya que forma parte de su agenda privada y es en el mes de agosto.

Aunque no consta que se vaya a celebrar ningún encuentro oficial con las autoridades andorranas, no está de más recordar que la última visita de un presidente del gobierno español a Andorra, en enero de 2015, con Mariano Rajoy al frente del ejecutivo español, tuvo unas consecuencias nefastas, que solo hemos sabido con los años, ya que estaba en marcha, desde 2012, la operación Catalunya y, actuando de manera activa en Andorra, desde 2014, que haya constancia. Fruto de aquella actuación ilegal para desacreditar el independentismo, se acabó incautando un banco después de que la autoridad financiera andorrana y el Banco de España realizara una intervención inmediata de ambas entidades financieras. Previamente, el gobierno español había facilitado a sabiendas información falsa al gobierno americano, en marzo de 2015, que desembocaría en que el FinCEN —la oficina del tesoro de los EE. UU. que recopila y analiza información sobre transacciones financieras— emitiera una nota por blanqueo de capitales.

Es obvio que hay un interés de mantener la opacidad existente, y aquí PP y PSOE, si pueden, se ayudan, discretamente

Todo era falso, una tosca maniobra del gobierno español, y al poco tiempo, el FinCEN acabaría retirando la nota, sin sanciones de ningún tipo ni a la entidad, ni a los directivos. En España, la justicia y el Sepblac han dejado constancia de la inocencia de Banca Madrid y de sus directivos. Pero el daño ya estaba hecho, la familia Cierco, los hermanos Higini y Tito, perdió la entidad financiera y de eso el próximo mes de marzo hará diez años. Todo ello, en medio de un calvario judicial, empresarial y reputacional que si no ha ido a más, no ha sido porque el gobierno español no hiciera lo posible. Incluso ahora, con un gobierno de otro color político y con Pedro Sánchez al frente del mismo se ponen todas las trabas para esclarecer la verdad. La justicia española denegó el pasado mes de julio la comisión rogatoria internacional que citaba a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz y la fiscalía se alineó con la Audiencia Nacional.

Es obvio que hay un interés de mantener la opacidad existente, y aquí PP y PSOE, si pueden, se ayudan, discretamente. No se va a abrir en canal el Estado español en Andorra y salir a la luz pública todas las irregularidades que se produjeron. Es más fácil declarar en el Congreso de los Diputados que hubo movimientos ilegales a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la implicación en pleno del Ministerio del Interior y la aquiescencia de Rajoy, que tratar de averiguar la verdad. Hacer ver que en Andorra no pasó nada y que siempre es mejor aprovechar el viaje para descansar e ir en bicicleta. La empresa Grant Thornton, una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios de auditoría y consultoría, hizo, hace unos meses, una valoración del coste que para España podría llegar a tener la operación Catalunya en Andorra y las secuelas de la incautación de la Banca Privada de Andorra y el Banco de Madrid y lo cifró muy cerca de los 700 millones de euros. Pero eso no parece importar a ninguna de las autoridades españolas, ya que el efecto político buscado se acabó consiguiendo.