Es evidente que la visita de Pedro Sánchez este miércoles al Palau de la Generalitat forma parte de la teatralidad política necesaria para presentar como un éxito la culminación de las conversaciones entre el PSC y Esquerra para llevar en volandas a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. No debería extrañar a nadie: la política son gestos y trofeos. Y para un Pedro Sánchez acorralado judicialmente por el caso de su mujer Begoña Gómez y también por el de su hermano David Sánchez, alcanzar para los socialistas la presidencia del gobierno catalán es un botín que bien vale un viaje a Barcelona. Aunque ni Esquerra ni el PSC han dado el acuerdo por cerrado oficialmente, ya nadie se cree a estas alturas que realmente quede algún fleco significativo pendiente, sino que, más bien, de lo que se trata es de ir pasando las hojas de calendario para presentar en unos pocos días el acuerdo.

Quedará entonces el obstáculo de los militantes republicanos, aunque en las últimas horas tanto en las filas de Esquerra como en el PSC se ha rebajado considerablemente la preocupación de hace unos días. Los primeros consideran que la crisis interna del partido solo se haría más profunda con unas nuevas elecciones y que la única manera de cortar la sangría electoral que padecerían pasa por facilitar la investidura de Illa. Y que ese argumento debe ser empleado con crudeza a la hora de convencer a la militancia. Entre otras cosas, porque aunque el pacto "se podrá obviamente defender con contundencia", quedará por debajo de las expectativas del concierto económico y del cupo catalán, que era el objetivo reiterado por Marta Rovira durante la negociación. Ambas partes están sacando lustre a lo acordado, también, en el caso de Pedro Sánchez, mirando de no aumentar su fragilidad en el Congreso de los Diputados, donde Junts ya le ha empezado a dejar claro que ha perdido sus votos y que las mayorías de investidura no existen.

Este mismo martes, la formación de Carles Puigdemont ha llevado al gobierno español a dos derrotas parlamentarias en temas de calado. El primero, el de la senda de déficit propuesto por el ejecutivo de Sánchez, un primer paso que necesita dar el Gobierno para aprobar los presupuestos del 2025. Por la mañana había anunciado su no a la reforma de la ley de extranjería. El retorno de los dos proyectos de ley al Gobierno en otro momento significaría un anuncio de previsible convocatoria electoral en España. Pero no parece que vaya a ser este el desenlace, ya que a Sánchez los números no le dan y, además, el espinoso asunto judicial, que ya ocupa portadas de la prensa más importante en Europa, tendrá la semana que viene un episodio insólito en democracia con un juez acudiendo al Palacio de la Moncloa para que el presidente del Gobierno preste declaración como testigo en la imputación de su mujer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investidura y la constitución del nuevo gobierno catalán no debería demorarse mucho más allá de los primeros días de agosto

Si se mantiene el calendario con el que trabajan socialistas y republicanos, las cosas van a ir muy rápido a partir de ahora. La investidura y la constitución del nuevo gobierno catalán no debería demorarse mucho más allá de los primeros días de agosto, fecha en la que también habría regresado de su exilio Carles Puigdemont, que ha confirmado reiteradamente que estará presente en la sesión de investidura y cabe pensar que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ejecutará la orden de detención en territorio español que tiene vigente. Superado el obstáculo de la militancia republicana para hacer a Illa president, tan solo sobrevolará en el Parlament el impacto de la detención de Puigdemont y su posible ingreso en prisión. Todo apunta, por tanto, a que las direcciones de PSC y ERC han decidido poner el turbo y dar gas a fondo.