A Josep Sánchez Llibre, como político o expolítico bregado que fue, cuatro años diputado en el Parlament y casi 23 en el Congreso, y con un fino olfato de lo que toca o no toca en cada momento, no se le ha podido escapar la resonancia que tendrían sus duras acusaciones como president de la patronal Foment del Treball contra el Govern de Catalunya, su president, Salvador Illa, y la mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo socialista, PSC, Esquerra Republicana y los comunes. Los acusa de estar al frente de un gobierno que practica un populismo legislativo incompatible con la economía social de mercado. Tampoco es baladí su anuncio de constituir e impulsar una comisión de trabajo con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Catalunya para proponer y valorar mejoras en las políticas económicas y fiscales del president Illa. La patronal catalana sale de la zona de confort a diez días de que se inauguren las jornadas del Cercle d'Economia que se celebrarán en Barcelona y hace un movimiento pendular, marcando distancia del Govern.

Habría que ir a las hemerotecas para encontrar un posicionamiento tan duro de la patronal contra un gobierno socialista, sobre todo porque las relaciones de Foment con el PSC o con el president Illa se han movido durante estos últimos años en un marco de una aparente complicidad. Quizás el hecho de que haya habido una recomposición de relaciones de la patronal con Junts per Catalunya, en muchas iniciativas legislativas en Madrid y en el Congreso de los Diputados, de intereses compartidos y de inversiones importantes en Catalunya que se podían perder haya tenido su importancia. O la normalización de las relaciones con Carles Puigdemont, algo que ha ido sucediendo con naturalidad en el último año. En cualquier caso, el debate sobre las políticas fiscales en Catalunya ya se advierte que va a marcar parte de la agenda política en los próximos tiempos. Después de muchos años sin hablar de ello en las tribunas del Parlament o en los medios de comunicación, aterrizar algunas afirmaciones como la de que Catalunya vive un auténtico infierno fiscal va a ser una verdadera batalla política.

La patronal catalana hace un movimiento pendular, marcando distancia con el Govern de Salvador Illa

Pero volvamos a las acusaciones de Foment y a lo inusual que desde la patronal catalana se lancen, en una misma declaración, diatribas como las siguientes: "Salvador Illa está marcando una agenda con un fuerte componente intervencionista y falto del más elemental ejercicio de diálogo con los sectores donde aplica algún tipo de medidas". "La patronal catalana quiere promover una reacción política e institucional para restablecer el respeto a derechos fundamentales como son el derecho a la propiedad y el derecho de empresa". Incluso, en un momento determinado, al hablar del acuerdo para el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, señala que desde el punto de vista jurídico y económico es "el ataque más grande en democracia que se ha hecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa que se ha producido en España desde la restauración democrática". O de "la asfixia premeditada por parte del Govern sobre el empresariado catalán con la duplicación de la tasa turística o la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales".

Las alianzas políticas de Illa en el Parlament, al menos las actuales, con Esquerra y los comunes —incluso en la última ocasión se sumaron los diputados de la CUP—, dibujan una geometría variable limitada, sobre todo en materia económica. Quizás en otras materias es diferente con el PP e incluso Vox o con alguna abstención parlamentaria. Pero en materia fiscal, el Govern no tiene mucho donde escoger. Veremos qué juego acaba practicando Esquerra y Oriol Junqueras, con puentes con Foment del Treball y con intereses políticos con el PSC. Los comunes y la CUP aquí no entran. Pero la rebelión en muchos gremios de Foment es más que real y la irritación no ha hecho más que escalar más y más el malestar de un colectivo que dice sentirse sorprendido por las medidas y que creía que el president Illa contendría las demandas de los partidos más a la izquierda. Pero la aritmética es traicionera, y con los diputados que cada formación política tiene hacer juegos malabares es realmente muy difícil.