Cada vez cuesta más defender que la posición judicial de Pedro Sánchez en los asuntos procesales que le envuelven, los de carácter político y los de carácter personal, obedezcan fundamentalmente a una persecución judicial, como desde su gobierno se nos trata de convencer cada día. Fundamentalmente, porque no es un único juez el que le hace pasar noches en vela, sino que son, en las diferentes causas que sobrevuelan directa o indirectamente la Moncloa y el PSOE, desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o un simple juzgado de instrucción de la capital española.

Y no hay día que no tengamos que estar oyendo a un tribunal, no solo como se revuelve contra su utilización de los instrumentos del Estado, que son ciertamente del presidente del gobierno su designación, pero que en ningún caso son de uso personal. Esta semana vivíamos una situación límite con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte el Tribunal Supremo, que pretende dilucidar si el fiscal filtró a la prensa correos del novio de la presidenta Díaz Ayuso para desmentir una noticia falsa que estaba circulando. El Supremo decidirá si es así, y si lo fuera, procederá a emitir la correspondiente sentencia, y si no lo fuera, resolverá que no hay delito. Pero mientras que eso sucede, su decisión no puede ser otra que la dimisión, ya que su posición no puede ser juzgada con la vara de un ciudadano normal, ya que el daño a la Fiscalía como institución es enorme. Es sencillo de entender y, aunque esperable, es sorprendente el cierre de filas del gobierno socialista.

En medio de esta ciénaga, hacer política es imposible, y gobernar, aún más

La semana judicial aún ha acabado peor para Sánchez, ya que este jueves se ha conocido la inadmisión de su querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. La resolución ha sido por unanimidad y en ella tres magistrados descartan que haya prevaricación por parte de Peinado, que está investigando a Begoña Gómez, la esposa del presidente. La sala se opone al criterio de la Fiscalía, que era partidaria de admitir a trámite la querella presentada por la Abogacía del Estado, que acusaba a Peinado, entre otras cosas, de dictar resoluciones injustas. Yo no sé si la Abogacía del Estado está para estos papeles tan extraños, que cada vez sorprenden a más juristas, algo que hace ya mucho tiempo que también sucede con la Fiscalía, aquella institución de la que un día Sánchez ya nos avisó: ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Uno de los magistrados que han decidido la inadmisión de la querella de Sánchez contra Peinado, incluso ha hecho un voto particular indicando que debería haberse valorado imponer una multa al presidente del gobierno por mala fe procesal. "Creo de todo punto evidente que una querella tan desprovista de fundamento como la promovida por el presidente del gobierno del Reino de España y materializada por la Abogacía del Estado no solo es conscientemente gratuita o arbitraria, sino que al propio tiempo menoscaba seriamente el clima de serenidad y sosiego que debe acompañar el quehacer del poder judicial". El gobierno ha descalificado los argumentos del TSJ de Madrid, una posición obviamente legítima, pero que deja en evidencia el fracaso cosechado por Sánchez, que no solo no ha conseguido impedir que Peinado prosiga con la competencia del caso, sino que los pronunciamientos judiciales de otras instancias que se han producido no han hecho más que darle la razón.

Lo dije un día: en medio de esta ciénaga, hacer política es imposible. Y gobernar, aún más.