Con la extraordinaria habilidad que le caracteriza y acompañado por la corte mediática que no le falla nunca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos ha presentado en los últimos días tres planes de construcción de vivienda social, consciente, como es, de que este es uno de sus flancos más descubiertos en las elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo. Así anunció hace aproximadamente diez días que el Gobierno español pensaba movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible que, por otro lado, excepto 9.000 no estarán listas de manera inmediata y el resto tendrá que esperar hasta la próxima legislatura. Primer problema que planteó el anuncio de Sánchez: en las ciudades o áreas geográficas más tensionadas por el precio de la vivienda, entre otras Barcelona y su conurbación metropolitana, la Sareb no dispone realmente de una cartera de pisos que responda a las necesidades y a la promesa, ya que aproximadamente el 70% de su inventario está en pequeñas ciudades.

El anuncio de Sánchez, realizado en un mitin de partido y llevado después al Consejo de Ministros hizo agua, fue ampliamente criticado y tuvo un recorrido mediático limitado. La Moncloa planificó, entonces, el segundo disparo informativo, que se realizó hace siete días. El Gobierno español iba a utilizar fondos de la Unión Europea para financiar la construcción y rehabilitación de 43.000 viviendas para alquiler asequible, se dijo. Un apunte: estos fondos europeos, englobados bajo el epígrafe de Next Generation forman parte de los 140.000 millones de las arcas comunitarias para recuperarse de la crisis de la covid-19. Una cosa y otra son, aparentemente, de mal encajar, pero quien sabe, cosas más curiosas se han visto. Aún no se sabe nada sobre este alquiler asequible, pero la complejidad de la fórmula diseñada por los estrategas de la Moncloa no parece ni que sea transparente ni mucho menos rápida. El dinero invertido no se articularía como ayudas directas, sino a través de créditos ICO a promotores inmobiliarios. 

Llevamos, por tanto, entre ambos anuncios 93.000 viviendas, una cifra más que respetable y que si era tan fácil poner al alcance de la población más necesitada, la pregunta es por qué no se había hecho antes. Debe ser, quizás, porque el tiempo que queda para las elecciones da para anuncios y poco más. Pero este martes, en un debate en el Senado entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente puso encima de la mesa la construcción de otras 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. Como si de una subasta se tratara, la cifra superó en un santiamén las 100.000 viviendas, hasta elevarse a 113.000, una cantidad que si fuera cierta sería importante. Pero ya se sabe, las promesas en campaña acostumbran a tener un recorrido bastante corto y si no, ahí está la hemeroteca para repasarla.

Estas últimas 20.000 viviendas, además, llevaban un regalo que hasta 24 horas después no hemos sabido. Los terrenos en los que se tienen que construir estos edificios no pueden ser cedidos por el Ministerio de Defensa, ya que la ley marca que se han de vender según la tasación aceptada. O sea, el presupuesto de Defensa se incrementa con la venta y la defensa nacional queda a mejor recaudo, como oportunamente ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Parece el juego del trilero en la Rambla, la bola está debajo de un cubilete, pero ha sido removida tantas veces que cuesta saber donde está. Para el ministerio de Defensa es una buena operación, ha señalado Robles. Realmente, cuesta seguir los juegos de manos de Sánchez y convendría mayor rigor en un tema de enorme sensibilidad social.