Desconozco de quién ha sido la idea de Junts de abrir un debate sobre la posibilidad de sancionar a las empresas catalanas que se fueron en 2017, si se revierte el decreto del gobierno español que aprobó Mariano Rajoy y que facilitó su deslocalización, y no regresan a Catalunya. Desde luego, más bien parece impulsada por un enemigo suyo. No ha sido de un empresario independentista cercano a Junts, porque con los que he conversado solo han demostrado estupor y enojo. También asombro, ya que este movimiento político no estaba en el guion puesto en marcha tras ceder sus votos a Pedro Sánchez en la investidura y que pasaba por recomponer puentes con el mundo empresarial catalán. Pero en dos ocasiones el portavoz del partido, Josep Rius, lo ha asegurado en menos de 24 horas y, por tanto, cabe pensar que cuando se dice que "Junts defiende que las empresas que vuelvan tengan incentivos y aquellas que no, sean sancionadas", se está ofreciendo la versión oficial.

No es extraño que Xavier Trias, el ganador de las pasadas elecciones en Barcelona, se haya removido en su sillón de concejal y haya sacado tarjeta roja a su partido: "No estoy de acuerdo con sancionar a las empresas, tampoco con premiarlas". Trias es partidario de "disminuir los aspavientos" y explicarles que la situación ha cambiado desde 2017. Organizaciones empresariales de todos los colores también se han pronunciado en contra en público o han hecho llegar en privado su desacuerdo, como FemCat. Este tipo de amenazas lo único que pueden conseguir es que alguna empresa que había abierto un incipiente debate sobre su posible retorno, lejos de acelerarlo, dé un paso atrás.

Estas amenazas lo único que pueden conseguir es que alguna empresa que había abierto un incipiente debate sobre su posible retorno, lejos de acelerarlo, dé un paso atrás

Cabe la posibilidad de que Junts directamente se haya disparado un tiro en el pie en medio de otro debate también serio y profundo sobre qué se hace este miércoles con la convalidación de los tres decretos que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez a las Cortes y que afectan a temas tan diferentes como el traspaso del ingreso mínimo vital para Catalunya, una posible invasión de competencias o una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, que, según la formación de Puigdemont, podría dejar en suspenso la aplicación de la amnistía cuando se presente una cuestión prejudicial en Europa. El gobierno español insiste en que no es para tanto y que, al final, es una exigencia de Bruselas si se quieren recibir ayudas económicas comunitarias. Esquerra está en una posición pareja a la del PSOE.

Es una batalla, por tanto, que ha hecho Junts en solitario y que ahora tiene mal arreglo. Dar un paso atrás es poner en riesgo su credibilidad y asumir un daño político después de todos los discursos que se han hecho en los últimos días. Que el PSOE los retire y los tramite como proyectos de ley sería lo suyo, pero es un trágala para los socialistas, ya que evidenciaría una gran fragilidad a las primeras de cambio. Quizás alguien pensó que lo de la vuelta de las empresas a Catalunya podía utilizarse como cortina de humo para cambiar el debate sobre la convalidación de los decretos. Pero, al final, lo único que ha hecho ha sido abrir otro frente, teniendo abierto el primero de par en par. Lo que sí es seguro, es que durante este miércoles, hasta la votación, que será bien entrada la noche, puede estar abierta la negociación para los tres decretos, con dos formaciones jugándose también una parte de su credibilidad a futuro.