Leo a primera hora de la mañana de este jueves que ya son ocho los encausados de la causa del Tsunami Democràtic, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que han decidido huir de España e instalarse en el extranjero hasta que se apruebe la ley de amnistía y tengan la certeza de que no ingresarán en prisión. Ocho de los doce investigados por el magistrado. Tres de ellos han hecho pública su decisión en las últimas horas y la han justificado para defender sus derechos y denunciar internacionalmente que España utiliza el terrorismo para hacer callar la disidencia política. Mientras leía lo que considero desde todos los puntos de vista una seria y preocupante anomalía democrática, escucho de fondo como en la radio un ministro socialista habla sobre la España del reencuentro, las ventajas para los catalanes, y como el PSOE había conseguido pasar página al 2017.

Y pienso en esta nueva oleada de exiliados siete años después del procés y no puedo sino preguntarme si tiene algún sentido el estado de terror instalado en que unos ciudadanos libres tienen que irse al extranjero para proteger sus derechos ante acusaciones tan desproporcionadas y falsas como son las de terrorismo. No recuerdo la primera vez que Pedro Sánchez acuñó como una frase-eslogan la de "la España del reencuentro". Busco en la hemeroteca una primera vez y encuentro que el pasado mes de octubre en el comité federal del PSOE, en el que inoculó la vacuna de que sin amnistía no había gobierno socialista, aseveró: "Catalunya está lista para el reencuentro total". Y proclamó la nueva doctrina: "En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Catalunya", como el modo de "afianzar" el reencuentro entre España y Catalunya.

Sigo buscando, y lo más lejos que encuentro es el 6 de febrero de 2020, en que durante una visita a Barcelona habló de reivindicar el diálogo para el reencuentro. Pronunció una conferencia en el Gran Teatre del Liceu titulada Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España y trazó lo que sería la columna argumental de los años siguientes. Más de cuatro años. Y cuando se habla del hámster del procés, uno no puede menos que recordar que esa rueda de represión judicial solo le interesa a España. A los que quieren acabar con el movimiento independentista. A los que pretenden que no exista ni la posibilidad de pedir la independencia en las manifestaciones.

Siete años después del 'procés' no puedo sino preguntarme si tiene algún sentido el estado de terror instalado en que unos ciudadanos libres tienen que irse al extranjero para proteger sus derechos

En el País Vasco también hay quien necesita hablar de ETA para mantener sus posiciones. La entidad Òmnium Cultural ha desplegado este jueves una pancarta gigante en la terminal 1 del aeropuerto de El Prat para advertir a todos los visitantes que lleguen a Barcelona: "En España, protestar es terrorismo". Es que estamos hablando de eso. De un juez que tiene como investigados por Tsunami Democràtic, además, al president Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. El tiempo parece no pasar para la justicia española. Y eso que siempre hay una bocanada de aire fresco procedente de la justicia europea que viene a corroborar que solo fuera de España se puede encontrar hoy por hoy un fallo justo.

En las últimas horas, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto al tribunal europeo que "anule" la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), de julio del 2022, que avaló la negativa inicial del Parlamento Europeo a dar el escaño a los diputados de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín, el verano del 2019. En las conclusiones, el polaco Maciej Aleksander Szpunar sostiene que el tribunal de primera instancia "ha cometido el error" de no afirmar que obtuvieron el acta el junio del 2019. ¿Cómo no van a ir los independentistas catalanes a Europa cuando tienden a ganar todos los pleitos?