Un importante grupo de dirigentes políticos encabezados por el president Carles Puigdemont pasan estos días sus sextas Navidades fuera de casa como consecuencia de la represión al independentismo catalán. El paso del tiempo hace que esta anómala situación, impropia de una democracia, se haya normalizado hasta el extremo que no ocupe espacio alguno en los medios de comunicación catalanes y mucho menos en los españoles. El president Puigdemont, los consellers Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, celebrarán muchos días estas fiestas de reuniones familiares lejos de los suyos, de sus amigos y de sus lugares de residencia en que acostumbraban a estar fechas antes de 2017.

No es una situación en la que deberíamos mirar hacia otro lado. Un pueblo sin memoria acaba siendo un pueblo condenado a desaparecer. No su geografía, ni sus ríos o montañas. Pero sí su historia, lo que hace que nos sintamos miembros de una nación. Tenerlos presentes es una manera de que no se sientan tan lejos, tan solos. Además, a pocos meses de que los tribunales europeos decidan, en algunos casos, sobre su inmunidad —Puigdemont, Comín y Ponsatí— y sobre las órdenes de extradición de todos ellos. La primera pelota de partido será el 31 de enero, fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) leerá la sentencia sobre las prejudiciales planteadas por el magistrado Pablo Llarena después de un proceso de casi dos años. 

Otros dirigentes políticos están en una situación de semilibertad por el indulto provisional que recibieron en junio de 2021. Son los nueve presos juzgados por el Tribunal Supremo y sobre los que recayó una condena de más de 100 años de prisión y otros tantos de inhabilitación. Se trata de Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva, Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart. Todos ellos podrán solicitar en las próximas semanas una revisión de condena después de la modificación del Código Penal que han aprobado recientemente las Cortes Generales.

La supresión de la sedición y la rebaja de la malversación puede ser que abran nuevos escenarios de participación en la vida política de una manera total y absoluta de muchos de ellos. Sin embargo, la sentencia que emitió el Supremo en 2019 no ofrece una seguridad absoluta ni de que ello vaya a ser rápido ni en los términos previstos y que ya barajan tanto Esquerra como Junts. En cualquier caso, los presos indultados no van a esperar a plantear al tribunal que les condenó una revisión de la sentencia.

Esta situación de represión y los más de 4.000 independentistas que son, de una u otra manera, objeto de una situación de represión, no deben caer en el olvido ni de partidos ni de instituciones. Y muchas veces parece que caen en un injusto olvido.