La premura con que han reaccionado Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y BNG planteando la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el 23 de febrero de 1981, después de que el teniente coronel Antonio Tejero Molina, protagonista de aquel episodio, situase este domingo, en una entrevista, al rey Juan Carlos I en la cúspide del golpe reaccionario para acabar con la incipiente democracia española, es un movimiento de peón interesante. No en balde son cuatro socios de la pasada legislatura de Pedro Sánchez y, sin duda, nuevamente socios si el dirigente socialista obtiene el plácet para un nuevo mandato de cuatro años. 

Sumar, que esta semana piensa presentar su acuerdo de gobierno con el PSOE para la nueva legislatura, aún no ha decidido cómo planteará su petición de desclasificación, pero, si todo no acaba en unas declaraciones, tendrá sillones en el próximo Consejo de Ministros si finalmente Sánchez logra los votos necesarios. ERC, Bildu y BNG lo han hecho por la vía de presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se resalta que, después de lo afirmado por Tejero y tras más de 40 años de que se haya ocultado información oficial a la opinión pública española, no hay justificación posible para no conocer la verdad con luz y taquígrafos.

El gobierno socialista, consciente de que este era un problema que se le podría abrir en canal en un tiempo no muy lejano, planteó una modificación de la ley de secretos oficiales, dividiéndolos en secreto, alto secreto, confidencial y restringido. En base en la categoría en que estuviera clasificado el documento, los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años. En algunos casos, incluso se puede solicitar una prórroga. Eso hace que documentación como la del 23-F no quedaría desclasificada, inicialmente, hasta 2031, en que se cumplen los 50 años del golpe, pero no hay ninguna duda de que este periodo se superará dando un salto de, al menos, una década. En este sentido, una decisión del Congreso de los Diputados que diera luz verde a la desclasificación es obvio que alteraría el calendario.

Es llamativo, aunque no sorprendente, cómo se ha rebajado al máximo el impacto de esta noticia, que remueve a fondo los cimientos de la Transición española, en la prensa de papel e incluso en las televisiones. El régimen del 78 es evidente que no está dispuesto a dejar ningún resquicio al deterioro de la monarquía, ya que aunque el peor parado es Juan Carlos I es obvio que acaba siendo también un cuestionamiento al funcionamiento de la institución y por extensión a la jefatura del Estado y al régimen de la monarquía parlamentaria. El hecho de que Tejero sea un golpista y su ideología de extrema derecha no le convierten en un mentiroso. Y nada aportaría mayor transparencia que la desclasificación, algo que no gustaría a muchos, pero que difícilmente acabaremos conociendo en vida del rey emérito.

Y es que las cloacas del Estado no solo utilizan personajes como el excomisario José Manuel Villarejo para aquellos trabajos que no han de ser conocidos, como todo lo relacionado con la Operación Catalunya. También hay otras cloacas desestabilizadoras y claramente antidemocráticas que, igual que planifican los GAL, llevan a cabo operaciones de salvación como la del 23-F. Otra cosa es que muchos prefieran vivir en la ignorancia más absoluta y no remover el pasado, ya que en la desclasificación del golpe de estado quizás habría más de un villano.