La cifra irrisoria de 2.800 personas en la manifestación de este domingo en las calles de Barcelona en defensa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone el 25% de castellano en las escuelas catalanas, y contra el Govern y los partidos independentistas catalanes, desnuda el enorme eco de ruido que hacen Partido Popular, Vox y Ciudadanos y el nulo impacto que tiene en la sociedad catalana. Ni la presencia de una parte significativa de la plana mayor de sus líderes españoles —desde Santiago Abascal de Vox a Inés Arrimadas de Cs pasando por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra— sirvió de reclamo para aguantar una mínima comparación con la multitudinaria manifestación de la Diada del 11 de Setembre, justo una semana antes de esta cita de Escuela de Todos en el Arc del Triomf bajo el lema Español, lengua vehicular. 

Es fácil hacerse a la idea de cuánta gente habría acudido a la concentración si no se hubieran desplazado, además, autocares del resto del Estado. Unos pocos cientos, en una población de más de siete millones de habitantes. Ese es, realmente, el problema que hay con la inmersión lingüística que ocupa portadas y más portadas de la prensa de ultraderecha que se edita en Madrid y que dispone de las cabeceras de El Mundo, ABC y La Razón, y que también cuentan en su buque contra el catalán las cuatro cadenas privadas de televisión en manos de Atresmedia y de Mediaset, y otras tantas radios como Onda Cero y Cadena Cope. Todo este conglomerado para movilizar a 2.800 personas tiene bastante de ridículo.

¿Cómo es posible que la posición numantina de tan pocos catalanes haya servido para poner en un brete a la mayoría social, la inmersión lingüística como modelo educativo, obligada a una modificación legislativa que costó dios y ayuda en el Parlament de Catalunya, coaccionado a dar algún paso atrás en la ley del catalán, y que aún haya por en medio vallas judiciales que saltar para que todo acabe mínimamente bien? La combinación de medios de comunicación, partidos políticos españoles y el tercer e imprescindible invitado de la justicia ha hecho realidad algo que hace mucho tiempo que perseguían: reducir el peso del catalán al tiempo que impulsaban con fuerza el castellano.

La demanda de 2.800 personas, muchas venidas de fuera, ha acabado teniendo más peso que la de varios millones de ciudadanos en defensa de su identidad nacional. Eso es lo que han conseguido Abascal, Arrimadas, Gamarra y sus voceros partidistas y, realmente, pueden darse por satisfechos. No lo han ganado en buena lid en procesos electorales en Catalunya sino en los despachos de Madrid o en los restaurantes donde se reúnen muchos de los que escuchamos en las cintas del excomisario José Manuel Villarejo. Allí donde se montan operaciones ilegales de todo tipo para vergüenza, si tuvieran, de los que se aprovechan de la ley para ir en contra de la ley. Pero no lo olvidemos, 2.800.