Habrá que reconocer a Sumar, y antes a Pablo Iglesias, el esfuerzo de introducir conceptos como la amnistía en la política española; no ahora que todo el mundo habla, sino cuando la simple referencia era algo imposible y fuera de la Constitución. La misma vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, viajó a Bruselas a entrevistarse con el president Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en una reunión que fue el primer contacto público entre un miembro del ejecutivo español, nada menos que la tercera posición en el organigrama, y el exiliado político independentista. Hecho este reconocimiento, que considero que es justo, también es bueno recordar que Sumar juega un papel secundario en la investidura de Pedro Sánchez y muchas veces actúa como simple zapador y constructor de puentes. Ello le lleva a exagerar su posición para ganar protagonismo, cosa perfectamente comprensible cuando un partido no dispone de una mínima posición preeminente en las negociaciones.

Que Sumar ha trabajado desde hace tiempo la propuesta de ley de amnistía, es más que verdad. Y que el exdiputado Jaume Asens, con una muy buena relación con el eurodiputado de Junts Toni Comín, ha tenido un papel más que destacado en esta iniciativa, que ya arrastra de la anterior legislatura, también es verdad. Pero el documento que se ha conocido este viernes y que hemos publicado en el diario va a servir, como vulgarmente se dice, para hacer de liebre del debate en la opinión pública, ya que las negociaciones entre el PSOE y Junts están en otro estadio y los redactados se parecen más bien poco. Sumar dice fundamentalmente tres cosas: primero, el período de aplicación de la temporalidad de la ley. Que la ley de amnistía tenga un perímetro temporal desde el 1 de enero de 2013 a la actualidad, que en la práctica querría decir que dé cobertura a todos los hechos relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014 llevada a cabo por el president Artur Mas y todo el proceso del referéndum de independencia de Catalunya que tuvo lugar en 2017.

Segundo, los comportamientos ilícitos realizados durante este período y que son objeto de la ley. Así establece que lo serán solo aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación o el ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya. Por el contrario, la desvinculación con este objetivo impedirá la aplicación de la amnistía. ¿Qué ilícitos penales y administrativos entran en el listado de infracciones amnistiables? Aquellos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia, contra la Constitución y contra el orden público. También los de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas. También diferentes infracciones de la ley de seguridad ciudadana de 2015 y de protección de la seguridad ciudadana de 1992. 

Pedro Sánchez, que ha citado por primera vez la palabra amnistía, ha admitido desde Granada que aunque no es la propuesta ni la posición del PSOE, es una de las fórmulas planteadas que puede servir para intentar superar las consecuencias judiciales del 1-O. Con prudencia y con un cierto temor a quedar abrasado si hay nuevas elecciones el 14 de enero porque no hubiera habido acuerdo con los independentistas, el presidente en funciones va dando pasos. Todo ello en vísperas de la manifestación contra la amnistía en Barcelona que ha convocado Sociedad Civil Catalana, y que trata de capitalizar el PP y de manera muy especial la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no solo estará presente, sino que desplaza a Catalunya la mayoría de su gobierno.

Debe ser más fácil salir a manifestarse en Barcelona contra la amnistía que gestionar los líos que tiene en las becas comedor, los niños en barracones o los graves problemas en los centros hospitalarios. Eso se puede tapar en Madrid con un amplio control de algunos medios de comunicación y que el domingo, sin duda, le darán toda la cancha que haga falta en contra de una medida ampliamente solicitada por la sociedad catalana. Porque de eso se trata, de quebrar la voluntad de los catalanes trayendo autocares desde diferentes capitales españolas.