Como si se tratara de un movimiento de respuesta a la iniciativa del PSOE, que el  viernes registró una iniciativa legislativa para combatir lo que considera el lawfare y las actuaciones judiciales abusivas, el Tribunal Supremo dio un paso más a la hora de acorralar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. Los tres han sido citados por el juez Ángel Luis Hurtado en condición de investigados, entre el 29 de enero y el 5 de febrero, después de que el magistrado del Supremo concluyera, con un elevado grado de verosimilitud, que hay una base indiciaria para presumir la relevante participación del fiscal general del Estado en la filtración de los papeles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hurtado sostiene que García Ortiz fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella [la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez], aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales.

La construcción del magistrado del Supremo en su auto cierra el círculo de la causa abierta en octubre contra el fiscal general por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso. Y, así, considera apuntalada la presunta participación de los dos en los hechos delictivos objeto de causa después de las diligencias desarrolladas y, en particular, en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo que se está dilucidando no es una cosa ni mucho menos menor ya que el delito en cuestión, si lo cometió Álvaro García Ortiz, podría acabar conllevando no solo su dimisión sino una condena de prisión. El gobierno español ha defendido a capa y espada a su fiscal general y lo ha hecho más allá de lo que exigiría una mínima prudencia política y la convicción de que la justicia española, en este caso el Tribunal Supremo, está actuando con una mínima neutralidad. Al contrario, Pedro Sánchez ha salido en su defensa y ha envuelto el caso en un ataque de la judicatura a elementos centrales de su estructura política y familiar, creando causas que lo único que pretenden es generar un estado de opinión de culpabilidad suyo, de su entorno familiar y de su partido político.

Existe un amplio consenso de que Sánchez lo que pretende es avanzarse a los casos judiciales que afectan a su entorno familiar directo

En base a este relato, es cuando el gobierno socialista ha querido plantear la respuesta definitiva y ha propuesto que las acusaciones populares dejen de formar parte de los procesos de instrucción, que los partidos políticos no puedan ser acusación popular y que no se puedan abrir causas judiciales a partir de recortes de prensa. Debe ser, seguramente, de las iniciativas políticas de Sánchez que han despertado menos apoyos políticos y sobre todo judiciales. Se han alejado de ella fiscales y jueces de asociaciones autodenominadas conservadoras y progresistas, que, en lenguaje mundano, viene a querer decir cercanas al PP y al PSOE. Especialmente llamativo ha sido la posición de Juezas y Jueces por la Democracia, que ha criticado los cambios en la figura de la acusación popular y considerado desacertado excluir a los partidos políticos o impedir que esta acusación participe en la fase de instrucción. Existe un amplio consenso de que Sánchez lo que pretende es avanzarse a los casos judiciales que afectan a su entorno familiar directo, como los de su esposa, Begoña Gómez, o de su hermano David Sánchez, ambos investigados en diferentes causas judiciales en Madrid y en Extremadura.

Más allá de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano y, es obvio, que el fiscal general del Estado no es una excepción, la cuestión en estos momentos debería ser si su continuidad en el cargo es admisible. El hecho de que su situación sea única debería ser un primer indicador. Ningún fiscal de un país europeo se ha encontrado nunca en una posición similar y se ha mantenido en el cargo y en España tampoco hay un precedente comparable. La lógica, por dolorosa que sea para García Ortiz, tendría que ser un paso al lado, aunque fuera interpretado como una aceptación de su culpabilidad. Ello no pasará, parece. Entonces, la responsabilidad salta al Gobierno, que lejos de abrir este debate se enroca, defiende su inocencia y le mantiene en el cargo. Alguien del PSOE debería reflexionar sobre si eso lo estuviera haciendo el PP gobernando, ¿cuál sería su posición? Creo que no hay duda alguna. Al final, la situación lo único que pone de manifiesto son las lagunas democráticas de un Estado en que una parte del propio sistema desconfía.