En un auto demoledor, el Tribunal Supremo investigará y procederá a pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados del exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El documento, de siete hojas, de la sala Penal que ha presidido el magistrado Manuel Marchena, tiene tintes dramáticos para los socialistas, que van mucho más allá del caso Koldo y del exministro Ábalos, al involucrar a otros ministerios y entes de la administración en la adjudicación de mascarillas durante los primeros tiempos de la pandemia. De alguna manera, se expanden, como la tinta del calamar, las sospechas ante una actuación fraudulenta en la que incluso se llegaron a ocultar correos electrónicos de empresas con ofertas más ventajosas para cumplir a rajatabla la orden existente de contratar con la empresa que había sido designada: Soluciones de Gestión. El que inicialmente era el caso Koldo, saltó hace un tiempo hacia el caso Ábalos, y no parece ser intención del tribunal que los destrozos políticos tengan como último eslabón el exministro.
El relato del auto es el siguiente: un grupo de personas identificadas aprovecharon la situación de emergencia derivada de la pandemia por el Covid, en aspectos relacionados con la adquisición, por la vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para detectar vestigios de la enfermedad. Este colectivo disponía de información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que les permitió realizar una oferta para garantizarse la adjudicación del contrato de suministro a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ábalos, en su doble condición de ser también el secretario de organización del PSOE, participó también en las contrataciones de otras administraciones, y se configura, así, lo que el Supremo cataloga de "una organización criminal que actuaban con información previa de la que disponían a través de los conciertos con los responsables de dicho ministerio y lograban, así, la adjudicación de contratos de suministro de material sanitario". Así, se cerraba el círculo y con este férreo control no había opciones a que se presentaran otras ofertas, basándose en que las instrucciones desde altas instancias del ministerio eran taxativas.
El caso Koldo saltó a caso Ábalos, y no parece ser intención del tribunal que los destrozos políticos tengan como último eslabón el exministro
Como en todos los casos de corrupción política, este tiene también su parte cutre, mugrienta. Ábalos tuvo al menos una compensación económica, la adquisición y disfrute de una vivienda en la urbanización La Alcaldesa, de Cádiz, que primero disfrutó y después puso en alquiler para obtener una renta complementaria. O un contrato de alquiler en un apartamento de Madrid, que utilizaba una persona con la que mantenía una relación afectiva y que carecía de profesión conocida para acompañarle como asistente de un ministro en viajes oficiales. El auto dice que se han contabilizado hasta dieciséis vuelos a distintas localidades españolas y extranjeras sufragadas con cargo al erario público. La habitación en los desplazamientos no suponía ningún coste adicional, ya que no era necesaria una estancia de más. Algo es algo.
Ábalos parece que ha comentado en más de una ocasión que él solo no se iba a comer el marrón, algo que —se mire por donde se mire— si a algo suena es a una amenaza, y como siempre sucede en este tipo de casos, la advertencia es hacia arriba. No es extraño que haya nervios en la calle Ferraz y en la Moncloa cuando sale este asunto a debate. Entre otras cosas, porque el exministro no era un miembro del gabinete más, sino el núcleo más duro de Pedro Sánchez, y su información debe ser importante. Pero este auto del Supremo pone de relieve una cosa más y es que el escenario judicial que tiene delante cada vez es más amplio y profundo. Ninguna de las causas en las que está implicado directa o indirectamente tienen una evolución positiva para él, al contrario. Tanto las políticas como las familiares —en las que están implicados, en sendas causas, su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez—. Eso por no hablar de la fragilidad política en la que se encuentra, necesitado como está de tener al precio que sea un triunfo político que le dé oxígeno para devolver alguno de los golpes que recibe.