La causa de Tsunami Democràtic contra el president en el exilio, Carles Puigdemont, y una decena de investigados más por terrorismo, entre ellos el diputado de Esquerra Ruben Wagensberg, ha quedado este lunes definitivamente enterrada. El Tribunal Supremo ha cerrado finalmente la investigación sin consecuencia penal alguna. Ahora bien, el juez de la Audiencia Nacional que instruyó el caso, Manuel García-Castellón, que se jubiló el pasado 2 de septiembre a los 72 años, ha llevado a cabo una efectiva labor de persecución sin base legal alguna, al no haber causa procesal real, por razones exclusivamente ideológicas. Y, con ello, el mal ya está hecho porque durante años un grupo de personas ha tenido que contratar abogados, sufrir escarnio público de manera reiterada y hacer frente a numerosos problemas de los cuales, en algún caso, los económicos no han sido los más importantes. Nadie va a hablar de ello porque cuando uno tiene una causa judicial abierta sobre todo lo que desea es que se cierre lo antes posible. Pero es pertinente preguntarse, aunque la respuesta ya se sepa, quién paga por todos estos perjuicios ocasionados.

Todo ello para a partir de ahora tener que recurrir a las informaciones periodísticas cuando uno quiera recordar en el futuro qué fue —o más bien qué quiso que fuera— la embestida de un magistrado que no solo fue un ariete polémico en todas las causas independentistas en las que pudo, sino que siempre estuvo alineado con las necesidades del Partido Popular. Algunos de los investigados por García-Castellón tuvieron que escoger incluso el camino del exilio porque durante un tiempo se especuló con una detención inmediata por parte de la Audiencia Nacional y una posible entrada en prisión. Siguieron este camino con destino Suiza, además de Wagensberg, el activista de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, que se unieron en aquella ciudad a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que vive allí desde 2018 y que regresó provisionalmente a Catalunya en julio de este año, una vez el Supremo dictó el archivo provisional. Ya sin la losa de poder ser extraditada, Rovira reside actualmente en Ginebra junto a su familia y todo hace pensar que seguirá allí instalada cuando abandone en unas semanas la secretaría general de ERC, tras el congreso convocado para el 30 de noviembre y al que no se presenta.

Manuel García-Castellón ha llevado a cabo una efectiva labor de persecución sin base legal alguna, por razones exclusivamente ideológicas. Y, con ello, el mal ya está hecho

Y mientras todo esto sucede, la justicia española sigue dándonos cada día un nuevo ejemplo sobre cómo trolear la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo. No solo estamos hablando del tribunal de la causa del procés, que rechazó los recursos de súplica planteados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios procesados contra el auto en el que concluyó que el delito de malversación por el que fueron condenados estos últimos estaba excluido de la Ley de Amnistía. En este caso, la Sala reiteró que dichas personas cometieron una malversación en la que medió beneficio personal de carácter patrimonial, pese a que está perfectamente documentado que no se quedaron ni un euro. El ardid fue otro: como que el legislador excluyó expresamente del ámbito de la amnistía el lucro personal, pues les endosamos que hubieran tenido que poner el dinero de su bolsillo para todas las acciones que realizaron, cosa que lógicamente no hicieron. 

De esa peculiar ley de Amnistía, que la justicia española está aplicando a su libre albedrío, como si en España no hubiera otro poder que el judicial y todos los otros —el legislativo y el ejecutivo— fueran poderes menores, se están produciendo situaciones que dan bastante que pensar. Así, la última actualización de personas beneficiadas por la ley asciende hasta 154, incluyendo tanto a condenados que han sido exonerados como absueltos y que han visto eliminados sus antecedentes penales, incluidos los policiales, desde que la ley entró en vigor el pasado 10 de junio. De este total, 95 son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías nacionales, guardias civiles y Mossos d'Esquadra. O sea, la proporción hasta la fecha es de dos policías amnistiados por un político o activista que lo ha sido. ¡Y eso que la ley aprobada por las Cortes era para los segundos, aunque también se pudieran acoger los primeros!