La sentencia del Tribunal Supremo emitida este miércoles sobre la condena dictada a Laura Borràs por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es, sobre todo, enormemente desproporcionada. Solo les ha faltado reescribirla y aumentar la pena, algo a lo que, seguramente, no se han atrevido. El lenguaje empleado es de una contundencia tal que, por ejemplo, el TSJC después de condenarla a 4 años y 6 meses de prisión y 13 años de inhabilitación para cargo público, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, proponía al Gobierno que fuera indultada de la pena de cárcel, calificando su posible entrada en la prisión de desproporcionada y excesiva. En cambio, para el Supremo la pena impuesta es proporcionada y elude cualquier pronunciamiento sobre el indulto porque no había ningún recurso en contra. Pese a ello, su silencio sobre el mismo solo es interpretable como una discrepancia con lo que hizo en su día el TSJC, en marzo de 2023, cuando emitió la condena por la gestión de Borràs cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre los años 2013 y 2017.

A diferencia de la sentencia que emitió el TSJC, en este caso los magistrados del Supremo acaban haciendo un escrito poco técnico y, si se puede decir así, mucho más estomacal. Así, cuando hablan de la proporcionalidad de la condena, rechazan los argumentos que el mismo TSJC planteaba al proponer el indulto y se internan en reflexiones que hace dos años ya quedaron descartadas. Por ejemplo, al afirmar que "los hechos probados se enmarcan en una conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece  y vulnera los principios que informan el actuar de la administración pública. Enmarcados los hechos en la corrupción, es difícil atender la consideración que la recurrente expresa". Esa reflexión está fuera del marco de la sentencia del TSJC, ya que es imposible establecer como base la corrupción cuando en su día se descartó la malversación. O cuando, en la página 52, el Supremo apunta que "desde la perspectiva expuesta, el alegato de la recurrente es difícilmente atendible, dada la entidad del daño producido, porque no solo se ha producido un quebranto patrimonial al Estado o a terceros recurrentes, sino también un daño a las normas de convivencia y de ordenación social, en los términos señalados, por un funcionario público llamado a observar las exigencias del Estado de derecho".

El Supremo enmienda al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el espíritu de la sentencia y sube el precio del indulto a Borràs

Podríamos seguir. Pero lo que hace el Supremo es enmendar al TSJC en el espíritu de la sentencia y poner un precio superior al indulto que ellos ya no controlarán y que, en todo caso, pasará al terreno del Ejecutivo. Procesalmente, con la ley en la mano, cuando un tribunal propone un indulto, ya se envía al Gobierno, de forma automática, y, cuando se confirma la sentencia, este tribunal tiene que suspender la ejecución hasta obtener una respuesta del Ejecutivo sobre el perdón penal. Eso es lo que se espera que suceda, ya que no está de más señalar que el TSJC sostenía que no hubo ningún lucro personal de los acusados, sino que se presentaron unos presupuestos falsos, y todo el trabajo de la web de la Institució fue hecha. Pero nada de eso es seguro, ya que si no se hace así, todo quedará a expensas de que lo quiera Borràs, que siempre ha dicho que no solicitará el indulto, cosa que, por otro lado, también ha señalado el secretario general de Junts cuando, ante la inaplicación por parte del Supremo de la amnistía, aseguró que, en ningún caso, aceptaría el indulto.

Las consecuencias del Tribunal Supremo tienen también su lado político, ya que introduce, se pida o no se pida, el tema del indulto en las negociaciones políticas entre el PSOE y Junts. Desde este punto de vista, a Pedro Sánchez se le ha dado, depende de como, un comodín del que no disponía y que cuestiona, de alguna manera, el supuesto control del Supremo por parte del Partido Popular. Es obvio que, a partir de ahora, todo se leerá también bajo ese prisma, como le sucedió a Esquerra Republicana y a Oriol Junqueras con su indulto y el de otros presos políticos. Establecer una línea separadora va a ser imposible para Junts, porque a cualquier acuerdo que alcance con los socialistas se le añadirá a partir de ahora este análisis complementario. Solo un movimiento drástico rechazándolo puede evitar esto, con las consecuencias colaterales que comportaría, como la entrada más pronto o más tarde de Borràs en prisión. Inicialmente, Junts ha hecho lo que tenía que hacer: se ha puesto a disposición de Borràs, ha defendido que era un caso evidente de lawfare y se ha quedado a la espera de que la expresidenta de Junts anuncie cuáles son los pasos que quiere que dé la formación que preside Carles Puigdemont.